Por Gustavo Portillo Benítez

gportillo@uhora.com.py

La utilización de efectivos para realizar guardias privadas era un "vicio" ya arraigado en la institución policial cuando Rafael Filizzola asumió el cargo de ministro del Interior. Una de las primeras medidas adoptadas por éste en agosto de 2008, fue la de resolver que todos los policías que prestaban este tipo de servicios a particulares fueran abandonando la práctica paulatinamente.

Tiempo después, por medio de varias publicaciones periodísticas, se comprobó que la orden ministerial no mermó el problema y que la práctica involucraba a la Policía Nacional en todo el país. A la corrupción denunciada, también en esferas policiales se cuenta de una feroz interna entre los jefes por los privilegios.

El asesinato de un suboficial de la Comisaría 7ª Metropolitana, Cristóbal Barrios, en octubre del año pasado, reveló la implicancia de los jefes de las comisarías en el negocio. Barrios murió mientras se encontraba realizando una guardia privada y la polémica se reinstaló en la opinión pública.

El Gobierno, por su parte, volvió a aseverar que intervendría de manera implacable en estos casos de corrupción. Rubén Cabral Teme, jefe de la Comisaría 7ª Metropolitana en aquel entonces, fue destituido por el caso. No, obstante, Cabral fue reintegrado a las filas policiales y nombrado jefe de la Comisaría 11ª Metropolitana. Cabral, quien actualmente tiene a su cargo la Comisaría 15ª Metropolitana, aparece ahora como presunto autor de la cámara oculta en la cual se ve a al destituido jefe de la Primera Zona Policial, Eligio Ibarra Hlavacek, recibir dinero presumiblemente como cobro por guardias privadas.

ALTOS MANDOS. A inicios del pasado marzo, la fiscala Teresa Sosa se constituyó en la Jefatura de la Policía Metropolitana. Fueron hallados varios documentos que indicaban que personal de la misma sede era destinado a efectuar custodias privadas.

La fiscala solicitó que Nery Vera, suspendido jefe de la Metropolitana, fuera sumariado. El pasado viernes se tuvo conocimiento de nuevas pruebas que complican al uniformado en el caso. La fiscala Sosa ratificó ayer la casi inminente imputación de aquél.

IBARRA HLAVACECK. Según fuentes del Ministerio Público, se sospecha que Eligio Ibarra, en su condición de jefe de la Primera Zona Policial, ordenó que funcionarios de 24 comisarías fueran trasladados de sus jurisdicciones para integrarse a la Jefatura a cargo de Vera. Se presume que el objetivo de este traslado era que los subordinados presten los servicios privados, que el mismo Vera se encargaba de ofrecer.

Asimismo, según las mismas fuentes, estos funcionarios están siendo muy presionados por parte de sus superiores para no colaborar con las investigaciones.

Ibarra se puso a disposición de la Fiscalía en la mañana de ayer. Ratificó que el video que le salpica en el negocio fue montado y que personas que quieren frustar su ascenso al grado de comisario principal inspector son las responsables.

Por su parte, la figura de Rubén Cabral Teme vuelve a cobrar protagonismo en el tema de las guardias privadas, luego de haber manifestado que fue amenazado de muerte por desconocidos. El hijo de Cabral fue advertido de que el cuerpo de su padre le sería entregado en "pedacitos".

SOLO FISCALIZACIÓN

De acuerdo con lo estipulado por la ley orgánica 222 de la Policía Nacional, que rige desde el año 1993, la única función dispuesta que guarda relación con el tema de las guardias privadas, es la de efectuar la fiscalización de las entidades que prestan este tipo de servicios. En el punto 24 del Artículo 6º, consta que "fiscalizar las actividades de los detectives particulares, empresas de vigilancia, serenos, y de quienes ejerzan funciones afines" son las únicas atribuciones , funciones y obligaciones de la Policía.