Por Roberto Irrazábal
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Como una reacción a las críticas de un reciente informe del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y a la intención del Ministerio de Hacienda de controlar y recortar el presupuesto del Poder Judicial, fuentes de la Corte Suprema de Justicia rechazaron esta pretensión y salieron en defensa de la autonomía presupuestaria de la Corte, consagrada en la Constitución Nacional.
Advirtieron que este año el Poder Judicial tendrá un déficit enorme, que asciende a 82.153 millones de guaraníes.
La petición de Hacienda al Congreso de derogar artículos de la ley de Presupuesto 2010, anunciada por el ministro Dionisio Borda para controlar los recursos de la Corte, fue tomada como una intromisión e inconstitucionalidad, ya que el artículo 249 de la Carta Magna establece la "autonomía presupuestaria" del Poder Judicial, posición que también apoya el Colegio de Abogados del Paraguay.
EVALUACIÓN. Un informe de la Corte indica que este año enfrentarán una situación deficitaria debido al recorte financiero de G. 35.653 millones que estableció Hacienda en el decreto reglamentario del Presupuesto 2010.
A esto se suma una proyección deficitaria de los recursos institucionales (recursos propios) de aproximadamente unos 17.000 millones de guaraníes en servicios personales, más 13.000 millones en gastos de funcionamiento e inversiones, que totalizan G. 30 mil millones.
Además, el Parlamento infló en 16.500 millones de guaraníes la suma que supuestamente recaudará este año el Poder Judicial en concepto de recursos institucionales o propios. La propia Corte había proyectado recaudar en el 2010 en este concepto 120.000 millones de guaraníes, a lo que debe sumarse la cifra incrementada por el Congreso Nacional. Es decir, el monto a recaudar este año en ese concepto debería ser de 136.500 millones de guaraníes para poder cubrir los gastos presupuestados.
Para tener una noción exacta de la brecha deficitaria que esto genera en el presupuesto del Poder Judicial, hay que tener en cuenta que el año pasado se registró una recaudación récord en concepto de recursos institucionales, al alcanzarse la suma de 105.000 millones de guaraníes, lo que pone en evidencia que este año será imposible alcanzar la estimación hecha por el Parlamento.
Según fuentes de la Corte, una salida a esta situación podría salvarse si es que se modifica el porcentaje de distribución de las tasas judiciales, de las que se benefician otras instituciones como el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Trabajo. Ambas instituciones solo recibieron en el 2009 en concepto de tasas judiciales un total de 42.000 millones de guaraníes.
Desde la perspectiva de la Corte, el ministro de Hacienda está transgrediendo la Constitución al pretender recortar y controlar el presupuesto de la Justicia, lo que equivale a decir que no respeta su autonomía presupuestaria.
ANUNCIO. Borda anunció a principios de mes que pedirá al Congreso que derogue los artículos 65 al 69 de la ley de Presupuesto 2010, referentes al presupuesto del Poder Judicial, de manera a cercenar la autonomía que le confiere la Constitución.
Debido al déficit que el presupuesto de la Corte tendrá este año, muchas inversiones previstas para el 2010 no se podrán llevar a cabo, como la construcción del Palacio de Justicia del departamento de San Pedro.
También se avizora que faltarán recursos para la provisión de insumos y servicios, así como de servicios personales.
BORDA PIDE DEROGAR LOS ARTÍCULOS
El ministro de Hacienda, Dionisio Borda, señaló en varias oportunidades que este mes el Ejecutivo presentará al Congreso el pedido de modificación de algunos artículos que le restan al Tesoro la posibilidad de manejar los ingresos y gastos del Poder Judicial, y que le obligan a migrar los pagos de salarios, haberes jubilatorios y pensiones a la banca pública.
Los artículos a los que se refiere el ministro son los número 65, 66, 67, 68 y 69 de la ley 3964 del Presupuesto General de Gastos de la Nación 2010.
Borda recordó que hubo un compromiso de la mesa directiva del Senado de modificar estos artículos para este mes.