Tras una reunión con diputados fadulistas, incluida Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista, el director de Opaci, Basilio Núñez, admitió que hubo ilegalidad en torno al manejo de la donación venezolana destinada a paliar la crisis en el Chaco.
La misma consistía en un monto de US$ 1 millón y ya se ejecutaron US$ 460 mil sin que su uso haya sido aprobado por el Congreso.
Opaci se había comprometido a administrar la donación tras un acuerdo firmado con la Secretaría de Emergencia Nacional y el Ministerio de Salud.
Consultado si el ministro de la SEN, Camilo Soares, recomendó o no que pase por el Congreso, Núñez manifestó que no se habló del tema.
Por otro lado, quedó subsanada la supuesta irregularidad en la firma del documento. El diputado Óscar Soler, de Patria Querida, habló de falsificación, pero finalmente resultó ser una media firma de Núñez.
Soler destacó la buena predisposición por parte de la Opaci y del compromiso de rectificar el acuerdo, y acusó de actuar de mala fe a Soares.
La idea es buscar los mecanismos para que el monto que aún no fue ejecutado pase por el Parlamento y la promesa es que serán aprobados.
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