El fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la amonestación ética a la jueza Nilse Ortiz y la desintegración del Tribunal de Ética Judicial, son los dos temas que preocupan al Colegio de Abogados y a una decena de organizaciones de la sociedad civil.

Ese fue el tema tratado en la mañana de ayer, en una conferencia de prensa realizada en la sede del gremio de los profesionales del derecho.

En la ocasión, se dio a conocer una nota remitida a la Corte, en la que las organizaciones expresan su preocupación ante lo que ellos llaman "la parálisis del sistema ético del Poder Judicial".

La misiva -redactada por Marta Ferrara, de Semillas Para la Democracia- señala que el fallo de la Sala Constitucional en el caso de la jueza en lo Civil y Comercial Nilse Ortiz no corresponde y que la excepción de inconstitucionalidad planteada por la magistrada durante el proceso de responsabilidad ética es incompatible.

Nilse Ortiz había recibido la amonestación por haber plagiado a más de 30 autores extranjeros en su libro "Ética Judicial".

Por otro lado, durante la rueda de prensa, María de Jesús Bogado -también de Semillas para la Democracia- expresó que otra cuestión que preocupa a las organizaciones es el nombramiento de personas no propuestas para integrar el tribunal y el Consejo Consultivo de Ética.

Felipe Santiago Paredes y Ubaldo Centurión fueron nombrados en el organismo sin que ninguno haya sido propuesto por una organización civil para el cargo.

Bogado aclaró que no critican la idoneidad de Paredes ni la de Centurión, sino el proceso por el cual se les adjudicó sus puestos en el tribunal. Sin embargo, el primero ya renunció, afirmó.

Días atrás, el ex ministro de la Corte, Raúl Sapena Brugada, presentó el retiro de su candidatura a integrante del tribunal, alegando que no están dadas las condiciones para el buen funcionamiento del organismo.

La Sala Constitucional se encuentra estudiando una excepción de inconstitucionalidad presentada por Juan Manuel Morales contra una sanción que recibió del tribunal de ética.

El ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral fue sancionado por haber calificado como "un gordo acabado e indeseable para la justicia y para el país" a su colega Alberto Ramírez Zambonini.