Codehupy acusa al Gobierno de actuar en forma arbitraria

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) sentó postura ayer sobre los allanamientos y la detención de supuestos miembros del grupo logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que tuvo secuestrado por 94 días a Fidel Zavala.

Miembros de la citada coordinadora, que nuclea a 30 organizaciones sociales y no gubernamentales, denunciaron que tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio Público y la Policía están violando las garantías constitucionales de los acusados como cómplices de los plagiarios, sindicados como miembros del EPP.

En representación de Codehupy dieron la cara Dionisio Gauto, Pilar Royg y los abogados Juan Martens y Roque Orrego, quienes coincidieron en sostener que los allanamientos realizados en la Zona Norte, así como el acta de imputación fiscal contra las personas detenidas están viciados, ya que violan varias normativas procesales.

FISCALÍA. "Todas las personas detenidas están imputadas por el secuestro de Lindstron, bajo los cargos de secuestro y asociación criminal, no relatando de qué manera contribuyeron a la comisión del delito del plagio, ni qué rol cumplían en la asociación criminal", enfatizó Martens.

Refutó la afirmación de la Fiscalía, que presenta como pruebas de asociación criminal que las personas detenidas en algún momento recibieron llamadas telefónicas, desde números de teléfonos móviles que fueron incautados el año pasado en la casa de Alejandro Ramos, actualmente prófugo de la Justicia, ya que cuenta con orden de captura por el secuestro de Lindstron.

"La Fiscalía no precisa cuántas llamadas ni fechas de las llamadas que se realizaron, ni siquiera tienen el contenido de las conversaciones y el motivo de las llamadas. Es una acusación muy traída de los pelos ya que es muy genérico", aseveró el abogado.

MINISTERIO DEL INTERIOR. Los miembros de la comisión directiva de Codehupy calificaron de irresponsables las declaraciones del ministro del Interior, Rafael Filizzola, a quienes cuestionan el hecho que presentó a los detenidos como objetos de pruebas que podría conducir a la ubicación de los miembros del EPP.

"La postura del Ministerio del Interior es típico del proceso inquisitorial donde se tortura a los detenidos para obtener información", indicó Orrego.

POLICÍA. A su vez, Dionisio Gauto cuestionó duramente la actuación policial en la detención de las personas en la Zona Norte, ya que precisó que actuaron con mucha violencia y criticó la declaración del jefe antisecuestro, Francisco Alvarenga, quien en rueda de prensa presentó a las personas como culpables del plagio.

"El comisario Alvarenga los acusó ante la opinión pública y les instó a las personas detenidas a mostrar su inocencia. Está violando el debido procesal", sentenció Gauto.

Martens pidió prisión domiciliaria para todas las personas y en caso que el juez dictamine lo contrario, presentará una inconstitucionalidad.