Por Wendy Marton

Por una apretada mayoría de 23 puntos, y luego de dos votaciones, la Cámara de Senadores sancionó ayer el proyecto de ley que aprueba los programas del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, y se ratificó en su sanción inicial. Con la decisión de la Cámara Alta, el gasto total de la Administración Central crece 26,6%.

Mientras que el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo ascendía a G. 34,700 billones (US$ 7.543 millones, al tipo de cambio a G. 4.600); el sancionado por el Senado asciende a G. 35,430 billones (US$ 7.702 millones). Asimismo, mientras que el proyecto del Ejecutivo contemplaba la emisión de bonos por G. 1,3 billones (US$ 281 millones), el Congreso lo incrementó a G. 1,475 billones (US$ 307 millones), a lo cual deben sumarse los G. 89.000 millones (US$ 18 millones), que el Ministerio de Hacienda deberá incluir para saldar la deuda que el Estado tiene con los partidos políticos.

El Ministerio de Hacienda estima que el déficit del Presupuesto 2010, tal como salió del Senado, ronda el 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, aproximadamente US$ 267 millones.

Aunque el senador colorado Juan Carlos Galaverna intentó (con ayuda de su bancada y de los oviedistas) que se aprobaran algunos artículos y montos ratificados por la Cámara de Diputados, finalmente fue la recomendación de la Comisión de Presupuesto, presidida por el liberal Alfredo Jaeggli, la que ganó.

NO HABRÁ AUMENTO. Entre los principales puntos del plan de gastos aprobado ayer está el hecho de que no habrá reajuste salarial para ningún funcionario del Estado, aunque los servicios personales de la Administración Central crecerán 10,8%, ya que pasarán de G. 6,2 billones a G. 6,9 billones.

El Senado rechazó ayer las recategorizaciones para varios funcionarios, entre ellos los del Poder Judicial, aunque sí aprobó el autoaumento de G. 2 millones para cada parlamentario el próximo año (Parlasur, Senadores y Diputados), en concepto de asistencia parlamentaria. Además, a partir de 2010 los diputados cobrarán en efectivo los G. 3 millones asignados al cupo de combustible, que hasta este año es retirado en bono (papel). El Parlamento también aprobó un reajuste salarial para policías y militares, además del pago de la bonificación por exposición al peligro. Asimismo, el Congreso aprobó la autonomía en la administración de ingresos y gastos por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que incluye el pago de servicios personales y a sus proveedores.

También se obliga al Ejecutivo, a partir del próximo año, a migrar todos los pagos de salarios, haberes jubilatarios y pensiones, incluyendo a veteranos y a adultos mayores de 65 años, a la banca pública. Otro artículo que quedó sancionado incluye exonerar del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la transferencia de aviones. Asimismo, se dejó sin presupuesto al Despacho de la Primera Dama de la Nación; se recortó G. 200.000 millones al programa de transferencias condicionadas a familias en situación de extrema pobreza, administrado por la Secretaría de Acción Social (SAS); y se dejó en G. 181.000 millones el presupuesto del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con lo cual no podrá avanzar en el programa de reforma agraria, entre otros.