El Estado paraguayo, en breve, contará con una ley de procedimientos administrativos, cuya vigencia permitirá regular la actividad administrativa de los entes públicos, además de reglamentar el derecho de petición y establecer un régimen recursivo. Esto se desprende del anteproyecto presentado por la Unidad Técnica de Modernización de la Administración Pública (UTMAP) y que fue analizado por los asesores jurídicos de 10 ministerios y 19 entes descentralizados.
Este grupo de instituciones forma parte del proyecto de Modernización de la Administración Pública (MAP), desarrollado por la UTMAP, y cuyo objetivo final es la instalación del sistema de Gobierno electrónico, como herramienta que contribuya a la transparencia y optimización de los servicios administrativos del Estado.
Según los proyectistas de la ley -un equipo de especialistas contratado por la UTMAP-, la iniciativa responde a la orfandad existente en la norma administrativa general y a la necesidad de subsanar el paralelismo entre el derecho positivo y la realidad.
Esto, en opinión de Javier Parquet, uno de los consultores del equipo, se produce debido a las funciones cuasi jurisdiccionales y cuasi legislativas que la administración pública ejerce en la reglamentación ciudadana. La función administrativa tiene funciones judiciales: interpreta y aplica leyes, agrega.
La presentación de este anteproyecto, realizada en el Palacio de López, representa el resultado de más de un año de trabajo dentro del proyecto MAP. Su análisis contó además con la participación del ministro asesor jurídico de la Presidencia de la República, Emilio Camacho, y del coordinador ejecutivo de la UTMAP, Roberto Fernández Schroeder.
La futura norma de procedimientos administrativos ha sido elaborada a la luz del análisis y la comparación de leyes similares existentes en países de Latinoamérica y Europa, aunque adaptada a las necesidades y requerimientos de la realidad nacional.
El proyecto de Modernización de la Administración Pública (MAP) es uno de los que lleva adelante la UTMAP, mediante una cofinanciación entre el Gobierno Nacional y la Unión Europea.