Directores de radio, nucleados en varias asociaciones, protestaron contra la decisión del Gobierno de otorgar publicidad estatal a emisoras ilegales.

En un almuerzo de trabajo, los gremialistas de CAPERT, APRAP, APRI, ARDAP, ARAMI y otras asociaciones, manifestaron que el Gobierno está incentivando la corrupción al otorgar fondos a radios comunitarias que no tienen autorización y ni siquiera tienen como finalidad el lucro.

Juan Carlos Cáceres, presidente de la APRI, dijo que recientemente, en la reunión de Cerneco, el ministro de Comunicación, Augusto Dos Santos, aseguró que no había publicidad comercial en radios irregulares, pero al final él mismo lanzó un comunicado admitiendo que la asignación que se otorga a las radios comunitarias es muy poca.

"Acá no hay guerra entre radios comunitarias y comerciales. El problema es que la ley prohíbe a las comunitarias hacer comercio. Aquí la Fiscalía tenía que intervenir, porque es un hecho que se debe investigar", afirmó.

Ángel Aguilera, presidente de CAPERT y director de Radio Venus, informó que Dos Santos prometió que el Gobierno no iba a dar publicidad a las radios que no cuentan con autorización de Conatel. Sin embargo, señaló que la realidad es al revés.

"Estamos de acuerdo con que existan las radios comunitarias, tal como establece la Ley 642, pero cumpliendo con los requisitos. El Gobierno está dando beneficio a los ilegales", agregó.

Nicolás Delgado, asesor jurí- dico de APRI (Asociación de Propietarios de Radios del Interior), señaló que la publicidad estatal debe existir. En los países modernos es una cuestión obligatoria, porque con ese rubro lo que se permite es que las radios legales vivan para fomentar la libertad de expresión. Lastimosamente, en nuestro país la publicidad estatal se les da a las radios para que se callen o para que hagan política", dijo.

De un total de 51 emisoras que recibieron publicidad estatal, según los primeros informes, 48 son ilegales, indicó

Los gremialistas informaron que las radios ilegales obtienen su licencia mediante un llamado a licitación, por 10 años, mientras que las radios comunitarias sólo necesitan una autorización por 5 años, y en este caso ni siquiera hay licitación.