La Fiscalía del Medio Ambiente de Ciudad del Este presentará imputación por mala utilización de agroquímicos contra Alair Afonso, en la causa en la cual investiga la intoxicación de indígenas en comunidades de Itakyry, Alto Paraná. Precisamente hoy debe declarar en indagatoria Afonso, uno de los presuntos propietarios de las tierras en litigio entre sojeros y nativos.

El citado es uno de los siete productores que alegan ser propietarios de parte de las 2.638 hectáreas que actualmente están en litigio con cinco comunidades Ava Guaraní.

El fiscal Gustavo Sosa señaló que pudo comprobar una serie de trasgresiones a la ley ambiental en el inmueble del brasileño, que no cuenta con barreras vivas de protección ni franja de 100 metros entre los cultivos y las comunidades. "Existen suficientes elementos para procesarlo", dijo el fiscal de medio ambiente. (S.M.)

EL INDI. "¿Acaso tenemos que necesariamente tener otros 12 muertos para demostrar a consecuencia de qué fue la intoxicación y que lo ocurrido sea investigado?", fue el cuestionamiento hecho por la presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Lida Acuña, sobre la denuncia de los nativos de las comunidades Ava Guaraní y Mbya de la zona de Itakyry, en la que aseguran haber sido intoxicados por una fumigación aérea hecha por colonos brasileños con quienes mantienen un litigio judicial sobre las tierras en las que están asentados desde hace 200 años.

Acuña reiteró en conferencia de prensa el pedido de investigación del daño a las poblaciones indígenas y que se llegue a la imputación y al castigo de los responsables. Explicó que tras la verificación hecha en la zona por parte de la comitiva interinstitucional se podría ampliar la denuncia ya con todas las documentaciones necesarias.

"No se cumplen las disposiciones legales; con respecto a la franja de seguridad, tiene que haber un resguardo y una zona de amortiguamiento, y eso no existe. Incluso se ve que hasta la ruta llegan las plantaciones, no hace falta ser especialista para darse cuenta de que no se respeta ninguna disposición legal", afirmó.

Sobre el llamado a declaración y la ampliación de la denuncia a cargo del fiscal Gustavo Sosa, Acuña expresó que se debería ver "si es efectiva porque generalmente luego se encuentran con que nada pasó".

El equipo que quedó conformado tras visitar la zona afectada organiza un plan de acción inmediato y entre las previstas está instalar el resguardo y el cumplimiento de las leyes ambientales en las zonas de amortiguamiento para la protección de las poblaciones colindantes a las plantaciones de productos que utilizan plaguicidas.

EL SUELO, LA VEGETACIÓN Y EL AGUA SERÁN ANALIZADOS

Sin barreras vivas de protección de 5 metros de los caminos ni franja de 100 metros entre los cultivos y las comunidades se pudo constatar luego de la visita de la comitiva a la zona de Itakyry y de donde fueron extraídas muestras del suelo, vegetación y agua para comprobar o descartar la presencia de sustancias tóxicas, según explicó el director de Asesoría Jurídica de la Secretaría del Ambiente, Juan Rivarola.

Desde la Seam será organizada la fiscalización de toda el área de la comunidad con el fin de verificar las documentaciones de los propietarios para el cultivo como la licencia ambiental y si la tienen, comprobar el cumplimiento del plan de gestión ambiental.

"A simple vista, uno puede percibir que no se cumplen las disposiciones legales necesarias que hacen a la protección establecida en las normativas con respecto a los cultivos de productos que utilizan plaguicidas. La Fiscalía debería investigar e imputar porque afectan a la vida, esto es homicidio, es algo que la Fiscalía debe determinar", señaló Rivarola.

Aseguró que aún se sigue recabando información sobre las condiciones del lugar y que una vez que se tenga decidido el lugar adecuado, las muestras extraídas serán enviadas para su análisis.

Según Rivarola, las denuncias sobre incumplimiento de normativas ambientales son "comunes", pero, según los testimonios, la fumigación con sustancias químicas sobre la población indígena es "criminal" por la utilización inadecuada de químicos para atentar contra la vida, en este caso de los indígenas.

"NO TENGO NADA QUE OCULTAR Y VOY A DECLARAR"

Por Sofía Masi

CIUDAD DEL ESTE

La Fiscalía del Medio Ambiente de Ciudad del Este, que investiga los supuestos casos de intoxicación en comunidades indígenas de Itakyry, Alto Paraná, llamó a una declaración indagatoria a Alair Afonso, uno de los presuntos propietarios de las tierras en litigio entre sojeros y nativos.

Alair Afonso, en comunicación con ÚH, confirmó que se presentará a declarar hoy a la mañana.

"Claro que me voy a presentar porque no tengo nada que ocultar. Y en esa zona no hay comunidades indígenas, ellos invadieron nuestras tierras. Mi tío me vendió esas tierras que él tenía desde el 87", manifestó el agricultor, que será imputado.

El fiscal de la causa también analiza la posibilidad de presentar más imputaciones, debido a que varias personas habrían participado de la comisión del hecho punible.

Además, dijo que frente al plantío de soja también existen un arroyito y un pozo de agua que también estarían contaminados.

Por de pronto, la causa se inicia por la mala utilización de los agroquímicos.

La avioneta blanca con matrícula ZP BAQ que, según los indígenas, les roció veneno el viernes de mañana, pertenece al agricultor Elio Kunner, propietario de varias hectáreas de soja en el cruce de Itakyry, según el presidente de la Coordinadora Agrícola de Alto Paraná, ingeniero Rubén Sanabria.

Aseguró que la avioneta no está equipada para fumigar, sino para transportar pasajeros.