Una grave denuncia de que cinco comunidades indígenas Ava Guaraní, de los distritos de Itakyry y San Alberto, Alto Paraná, fueron presuntamente rociadas con productos agroquímicos desde una avioneta el pasado viernes 6, movilizó a varios ministros del Poder Ejecutivo a visitar la zona y a entregar un informe al propio presidente de la República, acusando de graves violaciones a las leyes ambientales a los productores sojeros, y confirmando que numerosos nativos padecen cuadros de intoxicación por exposición a fármacos.

El caso requiere, sin embargo, de una investigación seria y a fondo por parte de la propia Fiscalía y de los organismos especializados, para determinar con precisión lo sucedido, ya que se advierten medias verdades y versiones distorsionadas en quienes hacen de voceros de sectores enfrentados en un conflicto que ya lleva varios años, y que más de una vez derivó en lamentables hechos de violencia.

La denuncia de los indígenas sobre la presunta fumigación aérea se difundió en la mañana del viernes, el mismo día en que estaba previsto un nuevo intento de desalojo a favor de los productores sojeros. Hasta ahora, sin embargo, no existen evidencias de que aeronave alguna haya realizado fumigaciones en el sitio, en la fecha indicada, pero sí hay fotos y vídeos de una avioneta común (sin equipamiento para fumigar) que realizó vuelos rasantes sobre las poblaciones indígenas, en momentos en que sus pobladores se disponían a resistir al desalojo.

Las comunidades de Ka'aguy Roky, Tajy Loma, Buena Nueva, Ka'a Poty y Formosa, habitadas por unas 150 familias Ava Guaraní, disputan la posesión de 2.638 hectáreas de tierra con siete productores sojeros brasileños. Los nativos reivindican que son sus territorios ancestrales, que el Instituto Nacional del Indígena (INDI) las adquirió en 1996, pero los brasileños aparecieron mostrando otros títulos de propiedad sobre las mismas tierras.

Más de una vez, la Fiscalía zonal de San Alberto intentó desalojar a los indígenas, en un evidente parcialismo a favor de los productores, ignorando la prohibición de innovar dictada por el juez Hugo Becker. En numerosas ocasiones se registraron hechos de agresión física entre ambos sectores. Ahora, el propio ministro de la Secretaría del Ambiente (Seam), Óscar Rivas, sostiene que los sojeros violaron varias leyes ambientales, y que existen claras evidencias de que las fumigaciones afectaron no solo al medio ambiente, sino a la salud de los pobladores nativos.

Además de investigar este hecho puntual y aplicar las sanciones de rigor, el Estado debe esclarecer la situación jurídica de las tierras. No hay que olvidar que los indígenas tienen un derecho consuetudinario, como pueblos originarios. Pero también habrá que investigar a profundidad si los productores sojeros fueron o no engañados con dobles títulos y, si cabe otra solución que les favorezca, ofrecérselas ya que su aporte a la producción y al desarrollo es útil y necesario, siempre que sea en el marco del respeto a las leyes ambientales y a la integridad de las poblaciones vecinas.