Por Sofía Masi | CIUDAD DEL ESTE

Una serie de peticiones entre las que se encuentran regularización de tierras, alimentos, semillas para cultivos de autoconsumo y producción, pozos artesianos, puestos de salud y atención médica, construcción de escuelas y seguridad fueron presentados a través de una nota a los ministros que visitaron el sábado las comunidades Ava Guaraní de Ka'aguy Roky, Tajy Loma, Buena Nueva y Ka'a Poty y Formosa, ubicadas en un territorio que comprende el distrito de Itakyry y parte de San Alberto, al norte de Alto Paraná.

Se calcula que unas 150 familias conforman las cinco comunidades que hasta hace poco vivían olvidadas por el Estado. Además de las múltiples necesidades que enfrentan y las enfermedades que les afectan, principalmente a los niños, desde hace meses, los indígenas Ava Guaraní disputan la posesión de 2.638 hectáreas de tierra con siete sojeros.

Los productores Carlos Augusto Nobil, Óscar Ofelio Blanco, Mario Schmidt, Adair Afonzo, Juan Oviedo, Luis Alberto Jacquier y Milton Afonzo exhiben títulos de propiedad y sostienen ser los dueños de las tierras. Hace meses entablaron una demanda contra los nativos e intentan desalojarlos, pero los indígenas están respaldados por el Instituto Nacional del Indígena (INDI) que -mensura judicial mediante- defiende que las propiedades pertenecen a los nativos.

COMPROMISOS. "Cada uno de los ministros se encargará de implementar planes para garantizar que los indígenas tengan atención médica, educación, seguridad y que puedan desarrollar sus comunidades mediante la agricultura. Nos encargaremos de que esto sea un proceso que convierta a estas cinco comunidades en modelos a seguir en cuanto al desarrollo de grupos indígenas", manifestó el padre Nilo Mármol, encargado regional de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia.

La oficina regional de la SNNA fue la primera en llegar a la zona de Itakyry el viernes, día en que los indígenas denunciaron que una avioneta les roció veneno.

Desde entonces, los funcionarios de la dependencia iniciaron las gestiones para asistir a los nativos y se encargarán del seguimiento correspondiente a nivel regional de los planes que cada Ministerio y Secretaría del Estado implemente en la zona.

El viernes hubo un intento de desalojo, que fue frenado.

BLINDAJE JUDICIAL

El abogado Antonio Alonso, de la Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena (Conapi), explicó que actualmente las 2.638 hectáreas están protegidas por una medida cautelar de prohibición de innovar de hecho y de derecho, firmada este año por el juez Hugo Becker.

Agregó que las tierras tienen mensura judicial aprobada en el 2007 para las fincas 1.584 y 1.609, que tienen un padrón fijo en el registro de la Municipalidad de Itakyry e incluso están exoneradas de impuestos (como establece la Constitución Nacional con relación a tierras indígenas). Indicó que las tierras también están protegidas por la Ley 43/89, que precautela derechos de los pueblos indígenas.

Actualmente, abogados del INDI y Conapi enfrentan cinco juicios civiles de nulidad de título contra los productores. El abogado señaló que los títulos que exhiben "son aéreos", no tienen ubicación fija.