Por Luis Bareiro

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De acuerdo con los datos oficiales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), los contribuyentes estamos pagando el padrón electoral más caro del mundo. Solo de enero a esta parte, cada nuevo inscripto para votar nos costó más de 774 mil guaraníes, y esto considerando apenas el salario de quienes les inscribieron; vale decir, no se incluyen los costos de los materiales ni los gastos de logística (viáticos, combustible, etcétera).

El dato surge a partir de los registros de contratados del TSJE. Según las planillas de pago de la entidad, hasta agosto pasado pagaba más de ocho mil contratados. La función principal de estos en periodos no electorales es la de inscribir a las personas en edad de votar en el padrón electoral.

De enero a hoy, los nuevos inscriptos fueron 129.048 personas. En ese mismo periodo, solo en concepto de salario para los contratados, el TSJE pagó alrededor de 100 mil millones de guaraníes.

Esto significa que, considerando apenas los salarios de sus inscriptores, a la Justicia Electoral cada nuevo afiliado al padrón electoral le costó unos 774.905 guaraníes.

PRODUCTIVIDAD RÉCORD. Siempre de acuerdo con los números oficiales, el TSJE ha alcanzado récords históricos en lo que hace al nivel de productividad en el sector público. Solo que son picos negativos.

Si en 10 meses fueron inscriptas 129.048 personas, quiere decir que el promedio e inscripción fue de 12.940 potenciales votantes por mes. Y si los inscriptores habilitados fueran en promedio solo unos cinco mil (dejemos descanzar a unos tres mil por mes), tenemos que el nivel de producción de cada contratado fue de dos nuevos inscriptos por mes; uno cada 15 días.

Si los ocho mil estuvieran trabajando a tiempo completo, la productividad promedio baja a uno por mes; un verdadero fenómeno en lo que hace a la ineficiencia.

CUOTEO Y DESPILFARRO. Todo el esquema de contrataciones del TSJE le cuesta al Estado alrededor de 24 millones de dólares por año.

Es lo que pagamos los contribuyentes paraguayos por los operadores políticos contratados en la Justicia Electoral.

Hay un cuoteo político establecido en la misma ley, un reparto de cargos de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada partido para el Congreso nacional en las últimas elecciones.

Por esta misma razón, sus números -los del TSJE- contrastan groseramente con el resto del sector público.

Sus contratados, cuya única función conocida es la de inscribir a las personas en edad de votar en el registro electoral, superan en cantidad a la totalidad de funcionarios de la telefónica estatal, Copaco, y la administradora del servicio de electricidad, ANDE, juntos.

LA EXCUSA. La inscripción es apenas una excusa. En realidad, se trata de simples operadores políticos.

La prueba es que entre los mismos contratados hay casi un 10% que jamás se inscribió en el padrón. Son unos 755 contratados que nunca se apuntaron para votar.

Hay serias sospechas de que la mayoría de estos inscriptores no inscriptos en realidad no prestan servicio en el TSJE.

La hipótesis que ahora investiga el fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio es que son planilleros; vale decir, personas que cobran un salario sin trabajar.

También es posible que hayan utilizado sus nombres para inventar rubros presupuestarios que luego cobran los gestores de la operación.

EL PRIMER CASO. Giuzzio ya descubrió que una fiscala electoral estaba cobrando los salarios de unos 15 contratados de la Justicia Electoral. Aparentemente, estas personas ni siquiera sabían que estaban registradas en las planillas de pago del TSJE.

Puede que haya muchos otros casos.

LA CONFESIÓN DE JUAN MANUEL MORALES

El ministro colorado del TSJE confesó, hace unos días en una entrevista con Carlos Peralta en radio Primero de Marzo, que descontrató a cientos de operadores políticos del Partido Liberal porque sus legisladores se negaron a apoyar el juicio político a su colega Alberto Ramírez Zambonini, acusado de plagiar su tesis doctoral.