Por Sofía Masi | CIUDAD DEL ESTE
El abogado Aníbal Alfonzo, de la Coordinadora Nacional de la Pastoral Indígena (Conapi), señaló que no hay condiciones -judicialmente hablando- para desalojar a unas 150 familias Ava Guaraní de 2.638 hectáreas en la zona de Itakyry y San Alberto en Alto Paraná. Indicó que lo que existe es una presión política de parte del Senado para que se concrete el procedimiento, beneficiando a productores agrícolas.
Repudió la actuación de la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Ana María de Acha, quien, según comentó, pidió al viceministro de Seguridad Carmelo Caballero concretar el desalojo de los indígenas de sus propias tierras.
"La senadora ordenó al viceministro agendar el desalojo. Sin embargo, ella desconoce la situación de los indígenas y asume un rol que no le corresponde. Actúa totalmente contra su función", dijo.
Se trata de cinco comunidades indígenas Loma Tajy, Ka'aguy Poty, Ka'aty Miní, Ka'aguy Roky y Formosa, que cuentan con 7 medidas cautelares de no innovar, firmadas por los jueces de Asunción, Hugo Becker, Miguel Ángel Rodas, Mirtha Ozuna de Cazal y Luz Marlene Ruiz Díaz.
"Con estas medidas de no innovar no se puede proceder a ningún desalojo. Las tierras cuentan con una mensura judicial que ampara a los indígenas como legítimos propietarios", dijo el abogado.
Anunció que, de iniciarse un procedimiento, demandarán al Estado paraguayo ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos.
Ante un inminente desalojo a los nativos, a raíz del pedido de siete productores brasileños y paraguayos que dicen ser propietarios de las tierras exhibiendo títulos de propiedad, el INDI recusó al juez de Minga Porá, Ismael Vera, y a la jueza Celsa Rojas del Morínigo, quien en mayo pasado ordenó un desalojo. La acción judicial aún no se define en el Juzgado Civil y Comercial de Hernandarias. Los supuestos propietarios son Carlos Augusto Nobil, Óscar Ofelio Blanco, Mario Schmidt, Adair Afonzo, Juan Oviedo, Luis Alberto Jacquier y Milton Afonzo.
