"Nosotros no vamos a permitir la Justicia por mano propia ni la apología del delito ni mucho menos que particulares se abroguen competencias que son propias del Estado paraguayo", dijo en rueda de prensa el ministro de Interior, Rafael Filizzola.
El ministro salió así al cruce de una idea promovida por un hacendado, el chileno Eduardo Avilés, que instó a los miembros de la patronal ganadera a juntar dinero para comprar armas y "perseguir físicamente a todos los comunistas que atentan contra nuestras vidas y pertenencias".
La propuesta del chileno surgió luego del secuestro, el 15 de octubre pasado, de Fidel Zavala, de 45 años y miembro de una conocida familia dedicada a los negocios agropecuarios en el noreste del país, presuntamente por parte de miembros del EPP.
Filizzola señaló que los paramilitares "no han funcionado en ningún país del mundo" y destacó que "felizmente los propios ganaderos sentaron una posición clara, rechazando todo tipo de salida como ésta, que riñe y atenta contra la Constitución Nacional y los postulados más básicos de un Estado de Derecho".
"Vean lo que ha ocurrido en Colombia, (donde) los paramilitares se quedaron con las propiedades que supuestamente tenían que proteger", aseveró el ministro.
Por su parte, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en el departamento de San Pedro (centro), Sigfredo Baumgarten, rechazó la idea del ganadero chileno y reclamó una mayor presencia del Estado en esa región, centro de movilizaciones campesinas, y en Concepción (norte), donde fue plagiado Zavala.
El hacendado fue llevado de su hacienda, en Paso Barreto, a unos 500 kilómetros al norte de Asunción, presuntamente por el EPP, un grupo de izquierda al que también se atribuye el secuestro hace un año de Luis Lindstron, otro importante ganadero de la región.
En el caso de Zavala, el Gobierno mantiene total hermetismo y ha reiterado que la Policía se mantendrá al margen a petición de la familia del rehén, por quien exigen un rescate de cinco millones de dólares, según fuentes de la investigación.
El EPP es un grupo radical surgido del minoritario Partido Patria Libre (PPL), de izquierda, que pregona la lucha armada y que opera en áreas de difícil acceso en la zona de Concepción y del vecino San Pedro, donde Lugo fue obispo durante más de una década antes de lanzarse a la política.
En esa región, al EPP se le han atribuido ataques y robos de armas a puestos policiales y militares, así como la quema de tractores de grandes productores de soja, y dos de sus miembros cumplen condenas de cárcel por otro sonado caso de secuestro ocurrido en 2001.
Según la Fiscalía, los integrantes de este grupo han recibido asesoramiento y entrenamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para cometer los hechos delictivos. EFE
El Procurador pide a la Fiscalía investigar la "incitación" de ganadero
