En el pedido de presupuesto del Ministerio de Defensa que el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional no figura la compra de aviones ni armamentos u otro tipo de equipamientos para las FFAA, al menos de gran relevancia.

El presupuesto total para el 2010 que Defensa solicitó es de US$ 138.457.092.

Esta cifra solo equivale a US$ 10 millones más que el actual (2009), que alcanza un poco más de US$ 127 millones y medio.

Desde las Fuerzas Militares confirmaron ayer que solo existen proyectos sobre las necesidades de cada arma (Aérea, Armada y Ejército), pero hasta ahora no hay nada oficial al respecto.

Es decir, los planes se elaboraron y actualmente se encuentran a cargo del comandante de las FFMM, contraalmirante Cíbar Benítez, y del ministro de Defensa, Luis Bareiro Spaini.

"Son solo proyectos que se manejan en el interior de las FFAA desde hace tiempo y no sabemos cuándo se va a oficializar ante el Congreso", dijo el director de Comunicaciones de las FFAA, coronel José Cáceres, en representación del comandante de FFMM, contraalmirante Cíbar Benítez.

AVIONES. El comandante de la Fuerza Aérea, general Darío Dávalos, emitió uno de los informes a Bareiro Spaini, en donde le habló de las necesidades de la institución, como también lo hizo el comandante del Ejército, general Óscar Velázquez, y el de la Armada, contraalmirante Rubén Valdez.

En el caso de Dávalos, éste informó al secretario de Estado que se necesitan al menos seis aviones modelos Super Tucano, entre otros equipos.

La adquisición de las naves alcanzaría unos US$ 105 millones.

Este pedido fue analizado por la Secretaría de Estado y luego elevado al Poder Ejecutivo con modificaciones, pero a la hora de elaborar el presupuesto para las FFAA el monto no se tuvo en cuenta, por lo que se puede evidenciar en el proyecto de ley anual.

SOLO UNA ADENDA. En caso de que el presidente Lugo decida allanarse a los pedidos que realizaron los tres comandantes de armas, solo podrá realizarlo a través de una adenda al proyecto de Presupuesto General para el 2010. Pero la decisión final quedará en manos del Congreso, donde la Bicameral está analizando el proyecto.