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El empresario dio a entender que el Gobierno prácticamente los intimó en la reunión del martes a firmar un acuerdo que no contemplaba una solución real al problema. "Nos encontramos con un 'sí o no', y no con una negociación", indicó a radio Uno.
En ese sentido, explicó que la pregunta de los representantes gubernamentales fue "están dispuestos a la bonificación ¿sí o no?". "Respondimos que estamos dispuestos a hablar sobre cualquier superficie siempre y cuando esto incluya una solución de fondo al problema de Puerto Casado", señaló Alcaraz.
"El problema no es la ubicación de las tierras en Puerto Casado, sino el modelo de desarrollo a implementar; para eso necesitamos apoyo del Estado, ellos necesitan caminos, educación, salud", apuntó.
En tanto, según dijo el director ejecutivo de la firma Victoria S.A., Ernesto Orbegoso, a radio 1° de Marzo, el Gobierno no envió hasta ahora una propuesta formal sobre lo que se llamó una "tercera opción" en el tema de Puerto Casado.
"Como hemos dicho, es la hora en que no hemos recibido ninguna propuesta formal del Ejecutivo, más allá de la declaración de sus voceros", dijo.
Los directivos de la empresa decidieron este miércoles llamar a una conferencia de prensa para romper el silencio, según dijo el directivo.
En una nota que entregaron a periodistas, se señala que "Victoria S.A. en ningún momento ha recibido propuesta formal, por escrito, de la llamada tercera opción más allá de conversaciones con funcionarios".
"En otro punto dice que desde el 5 de agosto pasado cuando se estableció una mesa de diálogo, tan solo se ha dado una reunión de manera formal, la cual se realizó en el Ministerio del Interior", indica el documento.
Por último, detalla que "a la empresa le preocupa la desinformación con que se sigue manejando este tema y lamentan que el presidente no haya sido informado con anterioridad sobre esta dramática situación que vive Puerto Casado".
El procurador general de la República, Enrique García, informó tras la reunión con representantes de Victoria SA, de la Secta Moon, que no se llegó a un acuerdo por lo que el Gobierno se retiraba de las negociaciones por el momento. Ante este escenario, no descartó la expropiación.
El reclamo fundamental de los pobladores de Casado es que las 30 mil hectáreas donadas por la empresa estén situadas en un mismo lugar, y no dispersas como actualmente ocurre.
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