Laicos acusan de corrupción al obispo de Ciudad del Este

Por Sofía Masi /CIUDAD DEL ESTE

Un compendio de varias páginas con cedés y publicaciones periodísticas, denunciando una serie de irregularidades supuestamente cometidas por el obispo de Ciudad del Este, Rogelio Livieres Plano, fueron remitidas al Papa Benedicto XVI, por un grupo de laicos pertenecientes a varias capillas e iglesias de la capital altoparanaense.

Las denuncias fueron canalizadas a través de la Nunciatura Apostólica y la Embajada paraguaya. Los denunciantes, que fueron sancionados en diciembre de 2008 por Monseñor Livieres, por "promover el desorden y la desobediencia", solicitan al Papa, que intervenga el Obispado de Ciudad del Este y el Seminario Mayor San José.

Acusan a Monseñor Livieres de malversar los fondos sociales que la Itaipú Binacional aportó a la Diócesis en la era de Víctor Bernal, de vender los inmuebles de la Iglesia Católica a precios irrisorios así como de proteger a sacerdotes acusados de abuso sexual.

Supuestamente el obispo, está involucrado en negociados con políticos de la zona. Los propulsores de la denuncia son Feliciano Marecos, Francisco Aguayo, Javier Miranda, Ángel Crispín Silva, Oscar Garcete, Arcadio Osorio y Miguel Candia, quienes no podrán ocupar cargos dentro de la Iglesia Católica hasta el 31 de diciembre del 2011, a raíz de la sanción del Obispo.

"El obispo tiene que renunciar sino tendremos que presionar hasta que se cierre el Obispado. Es mal utilizando los fondos de la Diócesis y nunca hizo una rendición de cuentan ante la feligresía. Esta marginando a muchos sacerdotes y por su culpa los fieles de Ciudad del Este están divididos en dos grupos: los que creen en él y los que no", manifestó Javier Miranda, uno de los denunciantes.

ANTECEDENTES. El hecho que generó esta sucesión de ataques contra el obispo Rogelio Livieres por parte de personas que integraban la disuelta Junta Diocesana de Laicos, fue la llegada del Padre Carlos Urrutigoity, al Seminario Mayor San José. El sacerdote fue acusado en los Estados Unidos de abuso sexual, y ésta es la razón por la cual los laicos repudian que se sume a la Diócesis y se desempeñe como formador en el Seminario.

Monseñor Livieres defendió en todo momento a Urrutigoity alegando que realizó las investigaciones correspondientes y que comprobó la inocencia del sacerdote. Desde ese momento, inició el enfrentamiento entre los laicos y el obispo, que derivó a la sanción de ocho fieles.

En la denuncia, los laicos dicen que "urge un análisis psicológico y vocacional a los seminaristas del San José, por el bien de la Iglesia Católica, porque la feligresía católica duda de los candidatos para el sacerdocio, por estar al frente de la misma, la ya suprimida comunidad de San Juan, a la que pertenece el padre Carlos".

Los laicos sostienen además que Livieres margina a los sacerdotes diocesanos, porque no comulgan con su posición dentro de la Iglesia.

"La prueba de que Livieres margina a los sacerdotes locales es que los está trasladando a todos lo que no comulgan con sus ideas.

Así también, está la carta que envió al papa contra sus colegas de la Conferencia Episcopal Paraguaya, donde él dice que la Iglesia Católica está en crisis en Paraguay, y que debería pensar en traer sacerdotes extranjeros que si respeten la doctrina de Roma", dijo Miranda.

PROCEDIMIENTO. Los laicos piden al Papa que disponga la intervención del Obispado y el Seminario San José que funciona en el kilómetro 11 de Ciudad del Este. En el marco del proceso investigativo que solicitan los denunciantes, ellos citan como testigos al obispo emérito de Alto Paraná, Oscar Páez Garcete, el obispo de Asunción, Pastor Cuquejo, el de Misiones, Monseñor Mario Melanio Medina, entre otros miembros de la Conferencia Episcopal Paraguaya.

También peticionan la declaración testifical del padre Nilo Mármol, detractor del obispo y actualmente secretario regional de la Niñez y la Adolescencia y 17 laicos de diversas capillas y parroquias de Ciudad del Este.

"Queremos que se revisen los informes de la Diócesis de Ciudad del Este sobre el Estado actual de la misma y sobre las ventas de los inmuebles en estos últimos cinco años y para evitar suspicacias, solicitamos que los emisarios o jueces fijen domicilio durante el tiempo que dure el proceso en el local de la CEP y no en la Nunciatura o el Obispado", finalizó Miranda. La denuncia fue remitida en junio y hasta el momento no se tienen noticias o pronunciamientos del Vaticano al respecto.