Por Sofía Masi

CIUDAD DEL ESTE

Casi se desata una batalla campal entre 140 efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional e indígenas Ava Guaraní, ayer en una zona comprendida entre San Alberto e Itakyry, al norte de Alto Paraná.

Unas 65 familias, compuestas mayoritariamente por mujeres y niños, se resistieron con armas a ser desalojados por una aparatosa comitiva fiscal- policial, encabezada por los agentes del Ministerio Público, Graciela Ortiz, Ángel Aveiro y Raquel Fernández.

Los fiscales fueron como para dar cumplimiento a una orden de desalojo firmada por la jueza Celsa Rojas de Morínigo, pero el procedimiento no se pudo concretar ante la férrea postura de los indígenas, quienes se aferraron a sus tierras y no abandonaron el lugar.

Los nativos se pintaron las caras con carbón y se armaron con machetes, arcos, flechas, lanzas y agua caliente, dispuestos a enfrentarse con los policías, también armados.

Ante la resistencia de los nativos, los agentes del Ministerio Público les dieron un plazo de 1 hora para que abandonen las tierras, pero los nativos no cedieron.

El jefe de operaciones del Geo, comisario Elizardo Rojas, decidió no recurrir a la fuerza para evitar un enfrentamiento violento, que pudo haber derivado en muchos heridos, hasta muertos, y planteó a los fiscales, realizar el desalojo en otra ocasión.

"El jefe del Geo creyó que era mejor evitar la violencia debido a que habían muchos niños y además los indígenas estaban armados", manifestó la fiscala Graciela Ortiz.

La orden judicial se originó a raíz de la denuncia por invasión de inmueble, presentada por los siete productores paraguayos y brasileños Carlos Augusto Nobil, Oscar Ofelio Blanco, Mario Schmidt, Adair Afonzo, Juan Oviedo, Luis Alberto Jacquier y Milton Afonzo. Los colonos aseguran que las tierras les pertenecen y exhiben títulos de propiedad. Sin embargo, los nativos sostienen que las 2.638 hectáreas en litigio, les fueron otorgadas por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).

Los abogados de los productores quedaron enfurecidos con la Policía, porque se negaron a hacer el desalojo. La abogada Nidia Riveros dijo que pagaron 7.000 dólares a los policías para hacer el procedimiento. "Ayer de tarde (el martes) estuvimos repartiendo el dinero. Recibió el comisario Verdún, encargado del puesto del cruce, y también recibió el jefe del Geo, Elizardo Rojas. Y encima se dieron el lujo de no cumplir", se quejó la abogada.