Si el presidente Fernando Lugo autoriza el subsidio por más de 40 mil millones de guaraníes a los productores de sésamo del Departamento de San Pedro, estará premiando con fondos del Tesoro a un sector campesino que ya recibió dinero público dos años atrás y que hasta hoy no presentó un solo documento que justifique sus gastos.

De acuerdo con los archivos oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en marzo de 2007, el entonces presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, suscribió un acuerdo con la coordinadora de productores de sésamos y otras organizaciones campesinas comprometiendo unos 18 mil millones de guaraníes de Itaipú para subsidiar el precio del ajonjolí o sésamo.

De ese paquete, los productores de San Pedro recibieron unos 1.552 millones de guaraníes. Según los registros oficiales de la cartera, las organizaciones del noveno departamento que recibieron el dinero de Itaipú jamás presentaron un solo documento que detalle el uso de los fondos. No hubo rendición de cuentas ni informe de gastos. Los recursos se esfumaron y nadie puede dar fe de que llegaron a manos de los sesameros.

Entre quienes suscribieron el acuerdo en calidad de administradores figuran José Rodríguez, militante del Partido Patria Libre y uno de los dirigentes sesameros que reclaman hoy nuevos subsidios, y José Pakova Ledesma, entonces intendente de Guayaybí, actual gobernador de San Pedro e integrante del círculo de allegados del presidente Fernando Lugo.

En aquella oportunidad, los productores debían recibir un subsidio que incluía un plus de 200 guaraníes por el volumen entregado, otros 200 guaraníes por el transporte de las semillas, unos 438 guaraníes por los certificados agronómicos y 850 guaraníes de compensación directa del precio con lo que se pretendía mantener un precio promedio de 2.220 guaraníes por kilo.

De acuerdo con el documento suscrito, se debía individualizar a los productores beneficiarios del subsidio utilizando los registros de los agentes de extensión agraria de las zonas productoras, los de las empresas acopiadoras y agroexportadoras, los de la coordinadora de productores de sésamo, que luego debían ser contrastados con los archivos de la Policía Nacional. Finalmente, técnicos del Ejecutivo debían registrar la entrada del sésamo a los lugares de acopio, apuntando el nombre de los productores y su respectivo número de cédula de identidad, la localidad y la cantidad entregada; y sobre esa base emitir un certificado con el que con posterioridad el beneficiario del subsidio pasaría a cobrarlo en el Banco Nacional de Fomento (BNF).

Ninguno de estos registros figura en el archivo del MAG. No hay justificativos para el uso de 1.550 millones de guaraníes.