Por Lucho Alvarenga - lucho@uhora.com.py
Más de quinientos funcionarios de distintas instituciones públicas se acogieron al programa de retiro voluntario durante el 2007 y el 2008. Estos procedimientos fueron realizados en un marco discrecional y con la ausencia de una base de datos fiable para el control de la gestión pública.
Uno de los aspectos de este programa que motiva a las críticas es el hecho de que se beneficiaron con él personas que ya estaban a un paso de la jubilación. Esto se constituye en un gasto innecesario para el Estado, teniendo en cuenta que podría haberse ahorrado la indemnización solo esperando que el empleado público llegue a su jubilación.
Los registros a los cuales accedió ÚH contienen las listas de empleados de nueve entidades públicas que han elevado su informe acerca de los funcionarios que negociaron su salida.
Entre todas, solo faltan partes de los montos pagados en el listado que envió el Ministerio de Hacienda, institución que encabeza el ránking en números de retiros voluntarios, con 410 funcionarios.
Las cifras desembolsadas en este concepto, establecidas y reglamentadas por la ley del Presupuesto General de Gastos de la Nación de cada año, varían entre 11 millones hasta 550 millones de guaraníes por funcionario.
Según las resoluciones existentes, entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008 se ordenaron pagos por retiros voluntarios a 553 funcionarios públicos de las distintas instituciones.
DUDAS. Las disposiciones legales establecen que los funcionarios que se avinieron al programa de retiro voluntario están inhabilitados a ocupar otros cargos públicos por un plazo de diez años.
Precisamente, el manejo discrecional, prebendario y clientelista que marcó la administración pública desde la época dictatorial y la transición democrática, como también la inexistencia de una base de datos de control, dejaron abierta la posibilidad de actos de corrupción con este programa.
En este escenario, el terreno resultó fértil para que beneficiarios del retiro voluntario hayan percibido su millonaria indemnización, pero -debido a la falta de registros efectivos de control- lograron ubicarse inmediatamente en otro cargo público remunerado, pese a estar vedados para este efecto por el plazo mencionado.
Estos datos no son consignados en los informes que remitieron a la Secretaría de la Función Pública.
El ingreso a la función pública en base a simpatías políticas es uno de los vicios que siguen mostrando signos de cierta vitalidad en el sector estatal.
