Luis Alberto Rojas fue durante mucho tiempo el titular de la Dirección de Operaciones Antinarcóticas (DOA). Se retiró de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) disconforme con manejos irregulares que se dieron en la institución durante la administración de Hugo Castor Ibarra.
En conversación con ÚH aclaró que solo podía hablar de lo que le tocó vivir. "Jamás hicimos nada, porque esa era la instrucción, de no entrar en zonas conflictivas para evitar temas colaterales", indicó brevemente sin entrar en detalles sobre quién fue el responsable de impartir esta orden.
A su criterio, lo que está pasando actualmente en el país es el producto de una pésima política antidrogas, cuyas consecuencias se empiezan a sentir.
Reconoció que ya en el pasado se advertía a la Senad de la posibilidad de que actividades delictivas comunes sean financiadas por grupos vinculados al negocio de la marihuana.
"La política antidroga no existe, es mero formalismo. No es una política clara, estudiada, pensada. Se actúa por impulso, no por planificación", manifestó.
Advirtió que la sola represión no soluciona los problemas de fondo.
Relató que en algunos asentamientos campesinos había hasta financiamiento internacional, donde se mezclaban cultivos lícitos con cultivos ilícitos. Dijo que los profesionales que trabajan con estos organismos sabían del tema.
A su criterio, hay ciudades enteras que viven directa e indirectamente del negocio de la marihuana. Directamente, con el cultivo y la etapa básica de intermediación, e indirectamente porque esto genera todo un circuito económico.
"Se debe crear un centro nacional del canabis para saber la situación real, los tipos de especies que se utilizan en el país, la caracterización de las zonas de cultivo, superficie, documentos científicos, creíbles, no números alegres", agregó.
Considera que el Gobierno debe encarar este problema como una verdadera problemática social.