Por Roberto Santander

En el marco de la campaña contra el cuoteo político para la renovación de los miembros de la Corte Suprema, legisladores de un sector de la Alianza, de Patria Querida y representante de la sociedad civil solicitaron ayer al presidente Fernando Lugo que intermedie para plantear la participación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el proceso de renovación judicial.

El jefe de Estado recibió en su despacho a los diputados Sebastián Acha y Carlos Soler (Patria Querida); Desirée Masi (PDP); Aída Robles (Tekojoja) y Marta Ferrara (Semillas por la Democracia).

El Frente aguarda la participación de veedores y monitores internacionales para garantizar el proceso que evite una nueva repartija de cargos en la futura composición de la máxima instancia judicial.

Asimismo, solicitaron al presidente de la República que lidere el proceso de convocatoria a todos los sectores de la sociedad.

AUDIENCIA. Entre la serie de acciones, el "frente anticuoteo" pretende visitar a todos los partidos políticos, a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

El próximo 20 de enero realizarán una audiencia pública en el Salón Comuneros de la Cámara de Diputados. La misma contará con un reglamento dictado por el Consejo de la Magistratura.

El diputado Acha expuso la validez y la fundamentación jurídica para la audiencia.

"Queremos que sea un proceso amplio con los más representativos posibles. Queremos que vengan los empresarios, productores, campesinos y trabajadores", afirmó Ferrara.

Los impulsores del proceso admitieron que el principal tropiezo será el Congreso Nacional, en donde el Poder Ejecutivo no tiene la mayoría necesaria en cuanto a votos para garantizar el proceso de independencia del Poder Judicial, hoy en manos de ANR.

EL PAPEL DE LA OEA

La intención del Gobierno es copiar parte de la experiencia de Ecuador en donde el Congreso aprobó a finales del 2004 la reestructuración del Tribunal Superior. Tras siete meses de crisis política, se determinó el mecanismo de elección de los magistrados de la Corte.

El sistema de seleccionados se realizó a través de un riguroso proceso público de calificación que se llevó adelante mediante un comité con el apoyo de la OEA.

Este mecanismo fue aprobado por los legisladores para la integración de la nueva máxima instancia judicial, ya que no podían aplicar el sistema de selección contemplado en la Carta Magna de Ecuador, donde los propios magistrados elegían a sus colegas.