Por Freddy Aguilera
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El fiscal Francisco Ayala, que interina a su colega Sandra Quiñónez en la investigación del caso armatráfico descubierto en la madrugada del lunes en Piribebuy, solicitó la prisión preventiva del sargento ayudante de Caballería Diego Marcial Aquino y del vice sargento 1º Silvio Almada, luego de presentar la imputación contra los mismos en el juzgado de Caacupé. Ambos fueron detenidos con una carga de explosivos y una veintena de fusiles.
Los mencionados ya se encuentran recluidos en la unidad de la Justicia Militar de Viñas Cué. La imputación habla sobre un delito contra la Ley 19.107/02 de "Armas de fuego, municiones y explosivos", de hurto especialmente grave, producción de riesgos comunes, amenaza de hecho punible y asociación criminal.
La Fiscalía no descarta ninguna hipótesis en el mencionado caso, inclusive por el nexo que puede haber con lo ocurrido en Tacuatí. Por de pronto, ordenará un peritaje de las armas y de los explosivos incautados para determinar el origen de estos con el fin de individualizar si en realidad corresponden o no a los órganos de seguridad, como también quién los vende y quiénes podrían ser los financistas o compradores de los materiales.
Ayala dijo que si los ahora imputados obtuvieron las armas y los explosivos presuntamente de manera ilícita podrían haberlos conseguido en mayor cantidad, por lo que no se descarta que exista otra carga superior a la que fue incautada.
La Dirección de Material Bélico (Dimabel) había enviado una nota al fiscal interino de la causa manifestando que los explosivos C 4 no pertenecen a la institución, pero se admitió que los fusiles M 1 sí corresponden a la unidad, pero que los mismos ya son obsoletos y que tenían que haber sido destruidos este año, pero la Fiscalía quiere dar con los responsables de su custodio.
FUSILES Y C-4
En un operativo realizado en el camino a Piribebuy, el lunes fueron incautados de dos militares en actividad 25 fusiles M-1, propiedad de la Dimabel y 267 panes de explosivos plásticos C-4, de los cuales 21 contaban con detonadores y mecha. Totalizaron 186,906 kilogramos y 21 unidades de estopín.
En principio, el negocio encubierto por la Policía se pactó por la suma de 150 mil dólares, el cual se cerró cerca de las 3 de la madrugada de ese día. Paraguarí fue el primer punto para las negociaciones, pero luego se cambió el escenario y se trasladó hacia Piribebuy, donde finalmente cayeron. De los M-1 se sabe que son armas que ya fueron dadas de baja por el Ejército y están depositadas en el citado cuartel de Piribebuy. El C-4, explosivo plástico, es de gran poder destructivo y es de uso exclusivo de las Fuerzas Militares. Se sospecha es parte de un cargamento mayor.
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