La Paz, EFE- REUTERS
"El señor Marinkovic cree que su detención es cuestión de horas. Yo no sé, eso dependerá del Ministerio Público", comentó Rada, en una conferencia con varios periódicos bolivianos.
Marinkovic es el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, una organización que aglutina a diferentes sectores de la sociedad civil y que ha sido una de las puntas de lanza de la oposición al presidente, Evo Morales.
Según el diario El Deber de Santa Cruz, el empresario no ha aparecido en público desde el viernes pasado.
El ministro de Gobierno lo acusa de estar implicado en un atentado con dinamita en el sur del país contra el gasoducto por el que se exporta gas a Brasil, durante la ola de protestas del pasado mes de septiembre.
"Se han ido acumulando elementos que permiten afirmar una vinculación entre el señor Branko Marinkovic y los actos que se dieron", dijo Rada en alusión al atentado contra el gasoducto en la localidad de Villamontes, en el departamento de Tarija (sur).
El presidente del Comité Cívico tarijeño, Reynaldo Bayard, ya fue detenido y enviado ayer a prisión preventiva por un juez de La Paz, también por su presunta implicación en los hechos.
Además, fueron aprehendidos varios radicales autonomistas de Santa Cruz por su presunta implicación en la agresión que sufrió en agosto pasado el entonces comandante de la policía departamental, coronel Wilge Obleas.
Las detenciones se enmarcan en una serie de acciones de la Fiscalía contra los presuntos responsables de las protestas violentas que se desencadenaron entre agosto y septiembre, y que el Gobierno calificó de un intento de golpe de Estado civil.
Las protestas derivaron en la toma de oficinas del Estado en las regiones gobernadas por la oposición y su peor episodio se vivió en Pando (norte), donde alrededor de 20 campesinos afines a Morales murieron en lo que ha sido calificado de "masacre" por el Gobierno.
El ministro Rada insistió en que ese supuesto golpe de Estado civil fue preparado en una reunión de prefectos (gobernadores) y líderes cívicos opositores que tuvo lugar en la localidad de Villamontes a finales de agosto.
"Lo que podemos afirmar es que en Villamontes se aprobó la estrategia que se implementó días después: una violencia escalonada por departamentos. Era una violencia creciente que respondió a un plan", afirmó Rada.
Por su parte, el prefecto de Santa Cruz, el también opositor Rubén Costas, acusó al Ejecutivo de haber comenzado una persecución contra los líderes regionales con la intención de provocar un enfrentamiento.
"Son unos monstruos que se alimentan del odio, de la pelea y de la sangre", dijo Costas, citado por el diario El Deber.
Marinkovic y Costas encabezaron la ahora desaparecida "media luna" de gobernaciones y comités cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que formó hasta los sucesos de septiembre el frente opositor más radical contra Morales.
SUMAN LOS DETENIDOS
La "media luna" comenzó a desintegrarse desde que el Gobierno decretó estado de sitio en el departamento amazónico de Pando y detuvo a su prefecto, Leopoldo Fernández, acusándolo de una masacre de campesinos y de delitos económicos.
La detención preventiva de Fernández fue ratificada el sábado por un juez de La Paz, junto con la de casi 20 de sus colaboradores que habían estado confinados los dos últimos meses bajo el ahora ya levantado estado de excepción.
La defensa de Fernández fracasó en su intento de que el ex prefecto sea sometido a juicio de responsabilidades en vez de un proceso ordinario.
A los procesados por los sucesos de Pando se sumaron el sábado el líder y cinco activistas del distrito gasífero de Tarija, señalados como autores materiales e intelectuales de la voladura de un tramo de un gasoducto, que según el Gobierno ocasionó una pérdida de más de 100 millones de dólares.
Simultáneamente, fueron detenidos tres miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, un grupo de Choque del Comité Cívico de Santa Cruz que dio una brutal golpiza al jefe policial de ese distrito, en los primeros incidentes de septiembre.
Rada aseguró que las investigaciones oficiales "confirman que la violencia escalonada de septiembre en varios departamentos respondió a un plan (...), fue un golpe que felizmente fracasó".
Morales, quien logró el respaldo de más de 67 por ciento de votos en un referendo de mandato en agosto pasado y es un declarado seguidor del presidente venezolano Hugo Chávez, buscará la reelección en diciembre del 2009, si la nueva Constitución entra en vigencia.
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