El asistencialismo perjudica al país porque alimenta el hábito de vivir sin trabajar

Un proyecto de ley, para que tenga viabilidad, debe ser formulado de acuerdo a datos proporcionados por la realidad. Si emerge en un momento en que no se dan las condiciones para su cumplimiento puede obligar a la Nación a realizar sacrificios sobrehumanos y cometer injusticias, favoreciendo a unos pero perjudicando a otros.
Idealmente, otorgar pensión a los ancianos y dar jubilación a las amas de casa es un objetivo muy noble. Para que ello se pueda materializar, sin embargo, el Ministerio de Hacienda tiene que tener los fondos suficientes como para responder a la cuantiosa erogación que ese rubro requiere. Y bien se sabe que las arcas públicas se desangran en un alto porcentaje en el pago de salarios a unos 200.000 funcionarios estatales sin que sobre ya casi nada para inversiones sociales.
Si al panorama de las pensiones y jubilaciones se agregaran subsidios de pasaje a estudiantes universitarios, aumento a excombatientes y sus herederos, así como el salvataje a la Caja Bancaria, la perspectiva sería más sombría aún.
El capítulo de las pensiones para los adultos mayores tiene connotaciones muy peculiares. Lo que podría suceder es que personas que ni siquiera han aportado -como lo hacen los trabajadores formales al Instituto de Previsión Social (IPS)-, para hacerse acreedoras de una asignación mensual, se beneficiarían sin una contrapartida.
Los cálculos estiman que 107.000 adultos mayores podrían ser destinatarios de la ley en caso de ser aprobada. Suponiendo que la asignación sea de un tercio del salario mínimo, el desembolso anual sería, en una de las hipótesis que se manejan, de casi 500 mil millones de guaraníes, unos 122 millones de dólares.
En caso de que el proyecto de ley prospere, habrá nuevos impuestos y a pesar de que el Ministerio de Hacienda anuncie que recaudará 20 por ciento más, el Estado no podrá afrontar los gastos sociales -salud, educación, vivienda, reforma agraria y otros-, ni solventar el funcionamiento de las instituciones públicas.
Los legisladores deben entender que en nombre de hacer justicia a sectores tradicionalmente desamparados, no se puede condenar al resto a una injusticia todavía mayor. La equidad implica distribución racional de las recaudaciones para atender a las necesidades de todos los sectores. Todo asistencialismo es nefasto porque impide que los logros lleguen a través del esfuerzo personal.
El Gobierno anunció que su prioridad es luchar contra la pobreza. Pues bien, este esquema debe incluir a los desamparados de la tercera edad y las amas de casa. Eso es más realista. De lo contrario, solo unos pocos, sin haber hecho méritos, serán los beneficiados.