En la presentación de la obra patrocinada por el Banco Mundial se especificó que en algunas zonas del país, el valor que se adjudica a los inmuebles no es lo real.
En este sentido, ejemplificaron que el valor fiscal se encuentra en un valor 2, mientras que las cifras de mercado llegan a 100. Si sobre ese 2 se aplica el 1% (que es el impuesto inmobiliario rural), lo que se recauda es literalmente irrisorio. "En algunos lugares de Itapúa, por ejemplo, los valores de mercado llegan a 4.000 dólares la hectárea, con lo que la recaudación puede llegar a 160.000 guaraníes por año, en vez de las cantidades que ahora se recaudan", afirmó Ricardo Rodríguez Silvero.
La consulta que surgió a continuación fue qué está ocurriendo con el Servicio Nacional de Catastro (SNC), la repartición del Ministerio de Hacienda que se encarga de monitorear esta cuestión.
El estudio detectó que la misma normativa no permite actualizar como corresponde los valores de la tierra; y ni aunque se lo proponga, ya que la ley se lo impide.
No se trata, como bien lo indicó Rodríguez Silvero, de que no se den a conocer anualmente a través del SNC los valores; sino que existe una normativa que prohíbe establecer valores por encima del 15% anual, ya que se trata de una tasa orientada al IPC.
A su criterio, los precios se dejan llevar por varios factores, entre los que se puede citar el desarrollo espontáneo, que hace alusión a la presión demográfica, la tasa de crecimiento alta o baja, la variación de desarrollo entre una zona y otra del país, etc. "Muchos prefieren concretar inversiones en Itaipúa, Alto Paraná o Chaco Central, antes que otros lugares", agregó.
Otro aspecto abordado fue el desarrollo planificado, distinto del anterior: tiene que ver con algunas megaconstrucciones de hidroeléctricas, como se dieron en algunas zonas del país, lo que le brinda un valor distinto a la tierra circundante a esos emprendimientos.
El resumen ejecutivo explica que a pesar de los bajos valores fiscales, un cuarto de los ingresos de los gobiernos municipales proviene del impuesto inmobiliario.
Sin embargo -aclara- los presupuestos municipales son relativamente pequeños en el país (en su conjunto, alrededor de 1,5% del PIB), y los ingresos del impuesto inmobiliario ascienden a sólo 0,4% del PIB (en contraposición al 0,8% para los países de Latinoamérica).
