07:00 | Martes|12|AGOSTO|2008

El presidente Nicanor Duarte Frutos hará descansar a partir del 15 de agosto, sobre las espaldas de su próximo sucesor, Fernando Lugo, una pesada carga de empresas públicas ineficientes con alta deuda, improductividad y altos costos, de acuerdo a los informes económicos financieros que presentan las entidades de servicios básicos, principalmente.

El nuevo mandatario ocupará gran parte de su tiempo, junto a su gabinete, en redireccionar las entidades del Estado, principalmente las descentralizadas, ante la necesidad de encaminar la rehabilitación en el periodo constitucional que se inaugura.

La que está en estado terminal es Petropar. La empresa se encuentra en estado de quiebra, considerando que adeuda más de 300 millones de dólares. No cuenta con capital operativo y perdió su capacidad de abastecer al país de gasoíl, producto que tiene una participación de 76% en el mercado nacional del combustible.

La Industria Nacional del Cemento (INC) colapsó. En el presente está paralizada, y en su planta de Villeta no fabrica ni una sola bolsa de portland. En medio de protestas del sector de la construcción, cuyas obras no pueden progresar, se anunció que el motor del molino se encuentra averiado y recién en noviembre llegará el nuevo.

Tanto INC como Petropar son las dos entidades en las que, necesariamente, el Estado deberá aplicar cirugía mayor ya sea de inyección de recursos frescos o eventual capitalización, tal cual se plantea en el caso de la cementera estatal.

Por lo demás, Capasa (fabricante de caña) y el Ferrocarril (que vale más por su historia que por sus activos) son dos empresas que no caminan por cuenta propia, junto a Essap cuya deuda fue socializada.

En el otro frente, se inscriben Copaco y la ANDE. La primera tiene limitada inserción de servicios y la segunda muestra mayor solidez financiera, a pesar de registrar altos niveles de energía no facturada.

Esa es la realidad que deberá asumir Fernando Lugo, y en el primer año de su gobierno tendrá que tomar medidas de fondo para intentar un plan de salvataje. Los recursos son pocos y el desafío de alta proporción.

La INC, según se anunció, será capitalizada. La cementera requiere una inyección de unos 40 millones de dólares para funcionar con regularidad.