Por Andrés Colmán Gutiérrez
CIUDAD DEL ESTE
Las monjas Ángela Balbuena y Mirian Saucedo, y nueve indígenas de la parcialidad Ava Guaraní fueron emboscados ayer a las 17 por un grupo de aproximadamente 30 campesinos armados con escopetas y pistolas, en el camino de acceso a asentamientos nativos de la colonia Santa Lucía, unos 160 kilómetros al norte de Ciudad del Este.
Las dos religiosas y los nativos regresaban a bordo de una camioneta, luego de una visita realizada a los asentamientos nativos Yukyry, Yaryty Mirî, Iporâ Poty y Ko?êju, cuando se encontraron con un tronco caído que cerraba totalmente el camino y se vieron obligados a detener el vehículo.
EL TESTIMONIO. "Apenas paré la camioneta, varios hombres que estaban escondidos entre la maleza, al costado del camino, saltaron frente a nosotros y nos rodearon completamente, realizando disparos sobre nuestras cabezas y profiriendo amenazas contra nosotros", relató aún conmocionada la hermana Ángela Balbuena, quien junto a sus compañeras de la Congregación Misionera Siervas del Espíritu Santo acompañan pastoralmente a los nativos en la región.
La religiosa hizo un minucioso relato por teléfono, ya en horas de la noche, desde el puesto policial de Santa Lucía, donde estaban siendo socorridas luego de haber sido rescatadas por los policías Martín Espínola y Críspulo Duarte, de la turba que las mantuvieron secuestradas durante más de media hora.
"Los que nos secuestraron pertenecen al mismo grupo de campesinos que estuvieron invadieron las tierras de los indígenas desde hace 8 meses, y que fueron desalojados el miércoles pasado por la Fiscalía. Ellos amenazaron que iban a tomar revancha, y al parecer quisieron vengarse con nosotros", relató la hermana Ángela.
OPERACIÓN RESCATE. "Cuando nos rodearon completamente, en medio de disparos, dijeron que nos iban a tener secuestrados toda la noche en el monte, y que iban a hacernos pagar porque se les había desalojado, y que nadie iba a impedir que entren otra vez a la propiedad", narró la religiosa.
Afortunadamente, uno de los indígenas que se mantuvieron distantes del grupo pudo escapar y acudió hasta el puesto policial de Santa Lucía, a dar aviso de lo que estaba sucediendo.
LA REACCIÓN POLICIAL. Inmediatamente, los dos policías a cargo se dirigieron hasta el sitio con sus armas e intimaron a los campesinos a que liberen a sus rehenes.
"Al notar nuestra presencia, los campesinos les dejaron en libertad a las monjas y a los indígenas, y se dispersaron hacia la maleza", relató a Última Hora el jefe del puesto policial de Santa Lucía, suboficial Martín Espínola.
LA DENUNCIA. Los agentes trasladaron a las dos religiosas y a los nativos hasta el local policial, donde les ofrecieron asistencia y labraron un acta de denuncia, cuya copia será elevada el lunes al fiscal de San Alberto, Julio César Yegros, quien ya fue informado por teléfono sobre lo ocurrido.
"Pudimos comprobar que eran como unos 30 campesinos y por los testimonios pudimos individualizar a dos dirigentes de apellidos Ortiz y Prieto", dijo el suboficial Espínola.
LOS ANTECEDENTES. El conflicto en Santa Lucía se inició hace unos 8 meses, cuando un grupo de aproximadamente 200 campesinos autodenominados "sintierras" ocuparon una propiedad de 4.500 hectáreas adquiridas por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) a favor de los nativos ava guaraní.
Los invasores fueron acusados de talar árboles y traficar ilegalmente rollos de madera y carbón.
El miércoles pasado, una comitiva fiscal y policial realizó un allanamiento, destruyendo los precarios ranchos de los invasores, pero los mismos habían desaparecido del lugar. La Fiscalía se encargará de investigar el hecho ocurrido con las dos monjas y con los nativos privados ilegítimamente de su libertad. Se iniciará la pesquisa la semana entrante.
LO QUE DICE LA LEY
El artículo 124 del Código Penal paraguayo establece que el que privara a otro de su libertad será castigado con pena privativa de hasta 3 años o con multa.
Además señala que cuando el autor produjera una privación de libertad por más de una semana y se aprovechara de una situación de dependencia legal o de hecho de la víctima, será castigado con pena de privativa de libertad de hasta 5 años.
Agrega que cuando el autor privare a otro de su libertad para coaccionarle, bajo amenaza de muerte, de lesión grave, será castigado con la pena de hasta 8 años de penitenciaría. El título del mencionado artículo es "privación de libertad".