Domingo/25/MAYO/2008

Hasta 54 familias por día llegaron a migrar hacia el departamento Central entre los años 1992 y 2005, la mayoría de ellas campesinas, mientras más de la mitad del territorio nacional destinado al uso agrológico se encuentra en manos de solamente 3.794 propietarios que tienen más de 1.000 hectáreas.

Este estudio fue hecho por el Centro de Documentación y Estudios (CDE).

El departamento Central de 800.000 habitantes en 1992 pasó a 1.700.000, sin ninguna alternativa de puesto laboral.

La encuesta de hogares de 2007 detectó 104.000 personas en edad de trabajar que no tienen empleo. Este contingente de personas de algún lugar debe sacar para su sustento y constituyen uno de los grandes problemas que incrementan la pobreza extrema y la inseguridad, especialmente en el área metropolitana de Asunción, donde está ubicada la mayor parte de estas familias migrantes.

Tanto la concentración de la tierra en manos de unos pocos, como el crecimiento de los minifundios incluso menores a 3 hectáreas hacen que las familias rurales busquen alternativas laborales en otro sector que no sea labrar la tierra.

El estatuto agrario establece que será beneficiario de la reforma agraria la persona que tenga como profesión el uso de la tierra, sin embargo, la falta de lotes y el crecimiento poblacional lógico lleva a la acumulación de interesados.

Si bien no existen cifras reales sobre la cantidad de familias sin tierras -cada organización establece su propio censo- el Censo Nacional del 2002 establece que el 26% de las familias campesinas son sintierras, que con el cálculo matemático de establecer cinco personas por familia, llegan a 126.000 familias sin tierra.

Este grupo forma parte de los que en edad de trabajar no tienen cómo hacerlo sin contar con el terreno, que hoy son todos propiedades privadas que el Estado no se encuentra en condiciones de comprar por factores que tienen que ver con el dinero y la falta de ofertas.

Los propietarios que hoy están afectados por las ocupaciones campesinas no quieren vender sus tierras, mientras que quienes la ofertan lo hacen a precios de mercado que llegan a millones de guaraníes la hectárea como en la zona de Alto Paraná y Misiones.

Para Quintín Riquelme del CDE esta gente no tiene otra opción que la ocupación para forzar la negociación y por esa vía acceder a la tierra.

"¿Quién es el invasor?, ¿el grupo de 100.000 familias que quiere tierra o el propietario que tiene 100.000 hectáreas de tierra?", se preguntó el experto.

ARRAIGO. La reforma agraria tiene un componente tan esencial como la tierra: el programa de arraigo de las familias que posteriormente serán productores y necesitarán asistencia técnica y crediticia en el proceso de producción y comercialización.