Inédito. El fiscal Nicasio Galeano Duarte, de San Lorenzo, abrió un proceso contra Fátima Azucena Martínez y Gabriela Carolina Pereira, y les imputó el hecho de haber comprado cédulas durante las elecciones generales del 20 de abril.
Es la primera vez que la Fiscalía comprueba la compra de cédulas y lleva a juicio a dos personas.
La Fiscalía General del Estado había nombrado a varios fiscales penales para investigar delitos electorales durante las elecciones.
En el caso en cuestión, la intervención inicial estuvo a cargo del fiscal Carmelo Caballero y Blas Imas, en una calle de la ciudad de San Lorenzo. El fiscal de San Lorenzo, Nicasio Galeano Duarte, siguió el tema y presentó la imputación ante el Juzgado de Garantías de San Lorenzo y pidió el juicio contra las dos mujeres involucradas.
Según el relato del fiscal, el hecho ocurrió a las 0.15 del día 20 de abril en la ciudad de San Lorenzo, en la intersección de las calles Cerro Corá y Coronel Romero.
Aquí intervinieron los fiscales Carmelo Caballero y Blas Imas, y la Policía local que detuvo el vehículo marca Hyundai, color rojo, con chapa Nº 761 APY que se encontraba al mando de Fátima Azucena Martínez, la que se encontraba en compañía de Gabriela Pereira.
El fiscal sigue relatando que se inspeccionó el vehículo y adentro se encontró una cédula de identidad Nº 3.583.968 perteneciente a Pedro Manuel Mendoza Olmedo y que posteriormente se ordenó la aprehensión de Fátima Martínez y Gabriela Pereira.
Según el fiscal, Gabriela Pereira "entregó en forma voluntaria tres cédulas de identidad números 2.021.549, 1.635.025 y 4.244.341".
El agente del Ministerio Público agrega que en dicha ocasión "se incautó también como evidencia la suma de dinero de G. 150.000 que fuera pagada por las aprehendidas a una denunciante a cambio de la entrega de los mencionados documentos de identidad".
El fiscal Nicasio Galeano Duarte pidió al juez local que aplique a las imputadas el artículo 321 del Código Electoral que establece: "Quienes retuvieren los documentos de identidad de electores el día de las elecciones o exigieren el voto en un sentido determinado mediante el ofrecimiento o entrega efectiva de dádivas o recompensa, sufrirán la pena de uno a dos años de penitenciaría, más una multa equivalente a trescientos jornales mínimos".
Aparte de la pena privativa de libertad la multa, si aplica el juez, alcanzaría unos 15 millones de guaraníes por persona.
No obstante, el fiscal pidió que la prisión sea sustituida por medidas alternativas y que se le prohiba salir del país a las procesadas.
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