Como pocos candidatos, en su carrera hacia el Palacio de Gobierno había demostrado una clara comprensión de la realidad, sus palabras aparentaban convicción y coraje para enfrentar los problemas y proponer soluciones pragmáticas. Sus promesas partían de un cabal conocimiento de la materia prima que se comprometió a transformar.
La sensación que daba el periodista, abogado y licenciado en filosofía era que por fin iba a iniciarse un proceso que convertiría al país en un Estado eficiente, justo y solidario para revertir la crónica desigualdad social, la injerencia de la política en la Justicia y el robo impune de las arcas públicas por parte de funcionarios públicos oportunistas y ávidos de amasar fortuna en un lustro.
En el acto de asunción del 15 de agosto de 2003 afirmó que empezaba a gobernar "para cambiar la historia". Decía también entonces que "la mafia no tendrá lugar en el Paraguay". Y que iba a combatir la pobreza y la inequidad social, además de luchar frontalmente contra la corrupción y la impunidad, recuperando la confianza en las instituciones y en las autoridades.
Duarte Frutos, al asumir sus funciones, había manifestado igualmente el firme "propósito de contribuir al saneamiento moral y a la depuración profesional del Poder Judicial".
Luego de dos años de gestión en los que daba señales seguras de encaminarse a ser un estadista, trabajando por el bien de todos, torció su rumbo al dictado de sus ambiciones personales. Hoy, mirando su gestión, se constata -a la luz de los hechos y las omisiones- que no sólo no cambió la historia como había prometido sino que la empeoró dramáticamente en la última etapa de su gobierno.
El apoyo a miembros de su partido y del Parlamento vinculados a la mafia fronteriza; el aumento del número de personas que viven en la miseria, sin lo necesario para comer; el robo de bienes del Estado por parte de funcionarios que no reciben castigo por ello; la desconfianza creciente en instituciones y autoridades ineficientes y el aumento de la injerencia política en el ámbito judicial, incluyendo a la mismísima Corte Suprema de Justicia, demuestran que traicionó sus palabras y, por lo tanto, a la nación. No hay que olvidar que es un violador de la Constitución, específicamente en su artículo 237. Fue beneficiado por una sentencia que contó con la anuencia expresa de las máximas autoridades judiciales manipuladas.
A esta altura de su mandato, el gobierno de Nicanor Duarte Frutos no solo puede considerarse corrupto, sino corruptor. Se caracteriza por el sectarismo, la manipulación, el prebendarismo, la incapacidad y la soberbia. No es lo que dijo que iba a ser. Le rodean la mayoría de los vicios que criticaba y que prometió erradicar. Lamentable.