A pocos días de que la Asociación de Diplomáticos Escalafonados del Paraguay (ADEP) había resaltado públicamente los avances de la profesionalización de la carrera diplomática en el país, asegurando que las incorporaciones al servicio diplomático y consular se realizan mediante un riguroso sistema de concurso nacional de oposición y méritos, trascendió la noticia de que el Poder Ejecutivo designaba por decreto a Ana Carolina Velázquez Gadea para prestar servicio como segunda secretaria en la Misión Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos, y a Luis Enrique Barboza como consejero del Consulado General del Paraguay en Madrid, España,
Ninguno de los dos nombrados es diplomático. En el caso de Ana Carolina, ella es hija del senador colorado Julio César Velázquez, e integró incluso la lista de candidatos a diputados por el movimiento 11 de Setiembre, que lidera su padre, en las últimas elecciones internas coloradas. El senador Velázquez fue parte de la disidencia contra el oficialismo cartista, pero tras la victoria del candidato Mario Abdo Benítez se establecieron nuevo acuerdos, de cara a la unidad del Partido Colorado, y en este proceso hubo favores que pagar. Lo llamativo es que la hija del legislador ya había concursado el año pasado para ingresar al escalafón del servicio diplomático, pero no logró reunir el puntaje necesario. Ahora, en cambio, entró por la ventana, gracias al arreglo político.
En el caso de Luis Enrique Barboza, aunque es funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el área de Recursos Humanos, tampoco integra el escalafón diplomático y consular, por tanto no reúne las condiciones necesarias para acceder al cargo para el cual ha sido nombrado.
Tras evadir durante días a la prensa, el canciller Eladio Loizaga intentó justificar las designaciones, arguyendo de que son parte del cupo de nombramientos políticos que corresponde al Poder Ejecutivo. Como lo han demostrado las publicaciones de este diario, el tope general del 20% de nombramientos de personas fuera del escalafón ya fue superado. La Ley 1335/99 establece claramente que la función consular está reservada para los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular, lo cual en estos casos no fue cumplido.
Seguir nombrando a dirigentes políticos o a sus parientes en importantes cargos diplomáticos, sin concursos ni pruebas de méritos, apenas como un pago de favores en plena campaña electoral, constituye un grave retroceso para la política exterior. Designar en el servicio exterior a personas que no tienen la preparación necesaria para cumplir tales funciones, con dinero pagado por la ciudadanía, echa por tierra todo el esfuerzo que se viene haciendo por profesionalizar la carrera diplomática. Los recientes casos de nombramientos realizados por el Poder Ejecutivo demuestran con qué facilidad se usan los recursos de todos en provecho propio o de un sector político, en perjuicio del país.
