Apoyado por la inclusión de un artículo en la ley que aprueba el Presupuesto 2016, el Poder Ejecutivo se apresta a reglamentar el nombramiento de aproximadamente 5.000 contratados del sector público que prestan servicio desde hace cuatro años o más en forma ininterrumpida en alguna institución. Aparentemente, todo se hará en regla: se realizarán concursos internos, primero para llenar los cargos vacantes; y luego para nombrar a los restantes que cumplen el solo requisito de la antigüedad.
Pero ¿es necesario nombrar cada año a tanta gente en el sector público, por el solo hecho de que prestan servicio desde hace mucho tiempo en alguna institución pública? ¿Los cargos vacantes deben ser ocupados necesariamente o pueden ser suprimidos? ¿Existe alguna política pública que busque reformar el servicio civil y permita nombrar no solo a los más capaces, sino llenar los cargos que en verdad se necesitan para seguir brindando servicios de calidad al contribuyente?
Hasta el momento, a todas las respuestas parecen seguirle un no. El Estado no demostró hasta ahora seguir una línea que permita a quienes sostenemos el aparato estatal entender por qué es necesario nombrar a más funcionarios.
En el 2008, la Secretaría de la Función Pública trabajó con organismos extranjeros para elaborar un plan del servicio público que apunte al desarrollo humano del servidor público y como recompensa por un mejor desempeño tendría la seguridad de que sería incluido en una matriz salarial que premiara monetariamente su integridad y capacidad como funcionario. Con ello, se evitaría pagar por igual a una niñera VIP o a una secretaria VIP que a una persona con posgrado o con probada honestidad, responsabilidad y eficiencia.
Pero este Gobierno tomó solo una parte de ese plan –la matriz salarial– y lo convirtió en un pequeño Frankenstein igualando el salario a funcionarios con doctorado y maestría con aquellos que tienen formación básica o son planilleros VIP. Esa matriz tuvo como único objetivo –hasta el momento– unificar el salario con los beneficios adicionales que percibía el funcionario, pero sin que ello haya implicado un ahorro real para el Estado de lo destinado a servicios personales.
La situación de las arcas fiscales ya no permite seguir nombrando porque sí o porque el Equipo Económico autoriza pedidos. Demostrar el buen manejo de la cosa pública implica crear condiciones para mejorar el servicio civil, pagando mejor a quienes merecen, pero logrando el ahorro necesario para destinarlo a mejorar la salud y la educación.
