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viernes 15 de julio de 2016, 01:00

No sacrificar la calidad ante la emergencia en la educación

La gran convocatoria de ofertas realizada por el ministro de Educación, Enrique Riera, para proceder a la construcción, adecuación y reparación de 675 escuelas, colegios y establecimientos educativos, es una rápida respuesta a la crisis de infraestructura que movilizó a los estudiantes, ante el continuo derrumbe de techos y paredes de las aulas. Sin embargo, la urgencia no debe llevar a sacrificar los procesos legales establecidos, mucho menos a no controlar y exigir la buena calidad de las construcciones. Para ello, será necesario transparentar todo el proceso, contando con un acompañamiento permanente de alumnos, docentes, padres de familia y toda la sociedad involucrada en la problemática.

Con llamativa prontitud, el actual ministro de Educación, Enrique Riera, asumió la crisis que hace poco más de dos meses movilizó a miles de estudiantes secundarios a declararse en rebeldía y a tomar las sedes de sus propios colegios, exigiendo una mejor calidad de la educación, como también la urgente reparación de muchas instituciones educativas que se estaban cayendo a pedazos.

La extendida rebelión juvenil, que motivó la forzada renuncia de la anterior ministra, Marta Lafuente, ayudó a instalar el problema de la educación como uno de los temas prioritarios para la misma sociedad.

Como nuevo secretario de Estado, Riera demostró habilidad política para desactivar el conflicto y prometió a los estudiantes que se ocuparía con urgencia de la reparación de las escuelas y colegios, como de la construcción de más establecimientos educativos.

Esta semana, unas 42 empresas se presentaron a la apertura de los sobres para la construcción, adecuación y reparación de 675 instituciones educativas en distintos puntos del país, cubriéndose hasta ahora el 95% de los lotes que serán financiados con un fondo especial de 17 millones de dólares. Se estima que las obras deben terminar en un plazo 9 meses, apuntando a que los 675 centros escolares estén totalmente concluidos para junio de 2017.

Por un lado, se debe aplaudir la rapidez en dar respuestas a un aspecto de la problemática de la educación que preocupa a la ciudadanía y en especial a la comunidad educativa.

Sin embargo, también hay que tener un cuidado especial para que la urgencia no lleve a sacrificar los procesos legales establecidos, mucho menos a no aplicar los debidos controles que garanticen debidamente que todas las construcciones resulten de buena calidad. No hay que olvidar que entre los colegios cuyos techos y paredes se derrumbaron también había construcciones relativamente nuevas, como el aula de un colegio nacional en Lambaré, cuya estructura cayó sobre los alumnos en plena clase. La principal presunción es que se utilizaron materiales de baja calidad y que la misma construcción fue precaria, para sobrefacturar los costos.

Para que exista una adecuada garantía, será necesario transparentar todo el proceso administrativo, desde la recepción de ofertas y la adjudicación de los trabajos, hasta la misma etapa de construcción de las obras. En este sentido, será muy importante contar con el acompañamiento permanente de los propios estudiantes, de los docentes, padres de familia y toda la sociedad preocupada por esta problemática.

Ya existe un consenso generalizado de que una buena educación es la base para lograr un mejor país. Ahora hay que lograrlo.