Respondiendo a una necesidad, la organización APA fue creada por grandes personalidades de la música y la poesía paraguayas en 1951, siguiendo los pasos de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic), fundada en 1936, y de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) española, de 1941.
Desde entonces, la institución privada de gestión colectiva, regida hoy por la Ley 1328/98, encargada de recaudar y distribuir los derechos de autor a compositores y letristas, ha pasado por diversos avatares.
En tiempos de la dictadura stronista, la entidad se convirtió en un feudo de los leales al régimen, que se encargaba de organizar los tristemente célebres festivales artísticos de homenaje al dictador en el día de su cumpleaños, además de otros actos de propaganda y adulación en favor del oficialismo, mientras sus directivos perseguían a los artistas y compositores que tenían posturas críticas.
En democracia, la organización quedó en manos de administradores irresponsables, que fueron los que más se beneficiaron de sus ingresos, tal como está quedando a conocimiento de la opinión pública en los últimos cuatro meses.
Si bien hubo algún progreso en cuanto a los mecanismos de recaudación, las conexiones con los organismos de derechos autorales internacionales, remisión de fondos al extranjero, ampliación del local y otros aspectos, nunca tuvo transparencia administrativa.
Por eso, la intervención de la Dinapi, aunque atrasada, debe ser valorada en su justa medida, porque el patrimonio de APA es de los autores, no del grupo de amigos que se apoderó de su administración hace 20 años.
La Fiscalía, a cuyas manos llegaron ya los documentos remitidos por la entidad pública de control de la propiedad intelectual, tiene que investigar a fondo el destino de las recaudaciones que privilegian a unos pocos y solo llega simbólicamente a los autores vivos o los herederos de los ya fallecidos.
El hecho de que los que se resisten a pagar los derechos autorales pudieran tener su cuota de participación en la intervención no puede descalificar la legitimidad y pertinencia de la actuación de los organismos públicos.
Los seis meses de cierre de APA tienen que ser aprovechados para recrear la institución a partir de un estatuto democrático que permita elegir dirigentes honestos y capaces de preservar el derecho humano del autor.
Y los que fueren hallados culpables del uso discrecional del dinero para su propio beneficio y el de los leales a su manejo torcido deben devolver lo malversado y purgar la condena que les imponga la Justicia.
