Nadie pone en duda que los espacios públicos pertenecen al conjunto de la ciudadanía y, por lo tanto, no son susceptibles de usurpación compulsiva, confiscación ni privatización. Pese a esta innegable realidad legal, hace muchas décadas que en las veredas, plazas, calles y avenidas trabajan paraguayos y paraguayas que carecen de oportunidades laborales en otros ámbitos, trátese ya de las populares yuyeras, quiosqueros, canillitas, vendedores de frutas y, de manera más reciente, limpiavidrios y cuidacoches. Si la norma fuera a aplicarse a rajatabla, todos, absolutamente todos deberían ser retirados de lo lugares que actualmente ocupan.
Desde luego, ello no podría efectivizarse sin generar una grave situación de malestar social y hasta de revuelta popular. Es que los fenómenos sociales, sobre todo aquellos que representan realidades adversas y complejas, no se solucionan con el voluntarismo de las autoridades o de los ciudadanos. Mucho menos con decretos y ordenanzas. Si así fuese, hace muchas décadas algún presidente ya debería haber emitido una norma declarando la eliminación absoluta de la pobreza en el Paraguay, situación que lo expondría, claro está, a la burla y el escarnio públicos.
Por esta razón, es comprensible la postura asumida públicamente días atrás por el nuevo intendente municipal de Asunción, Mario Ferreiro, en el sentido de instar a la calma a la ciudadanía, mientras se elabora una estrategia destinada a generar la condiciones que posibiliten incorporar a los trabajadores en situación de calle a la formalidad del mercado laboral que es, sin lugar a dudas, el objetivo que finalmente todos anhelamos ver cumplido.
Lo que no solucionaron diez intendentes anteriores no lo podrá hacer de buenas a primeras el actual. El abordaje de esta problemática social requiere, pues, una respuesta multidisciplinaria e interinstitucional. La Municipalidad de Asunción, el Ministerio de Trabajo, el de Educación, la Secretaría de Acción Social y el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) deberían conformar una mesa conjunta de trabajo para, previos datos estadísticos producidos con estándares científicos, elaborar un plan de acción que se oriente al retiro programado de aquellos que hoy se dedican a actividades cuestionadas por vastos sectores de la sociedad en la vía pública.
El populismo, la descalificación y el afán de caerle bien a todos sin facilitar soluciones alternativas es un facilismo en el que no podemos caer. Nuestra realidad social como uno de los países más desiguales en el continente más desigual del planeta, requiere una respuesta que debe estar acorde con esa perspectiva y no buscarse en dogmatismos legales de dudosa viabilidad.
