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lunes 17 de octubre de 2016, 02:00

“Ninguna facultad puede estar sobre la Constitución”

Afirma que la autonomía universitaria no es sinónimo de soberanía. Entiende que la UNA "confunde" ese tópico; a la vez de que debe dejar entrar al "aire democrático ".

Por Pepe Vargas

jvargas@uhora.com.py

Hay varios precedentes en el TSJE a favor de la anulación de elecciones en la UNA y en la Corte Suprema de Justicia, dando lugar a acciones de inconstitucionalidad a favor de la autonomía universitaria.

–¿Qué reflexión hace sobre las nuevas demandas entabladas y qué opina de cómo se maneja la UNA?

–El año 92 marcó un nuevo marco jurídico en la República del Paraguay y con la creación de la Justicia Electoral se inicia un nuevo tiempo con una institución encargada de participar en los procesos electorales. Dentro de la prelación de la ley, probablemente la Constitución Nacional le da a la Corte a interpretar y hacer cumplir la ley. Pero una cosa es lo que dicen las universidades, que deben tener autonomía y dentro de esa autonomía ellos tienen la libertad de manejar los procesos electorales, convirtiéndose en algunos casos en juez y parte. Una cosa es la autonomía y otra cosa es la soberanía; creo que eso se puede entender perfectamente. Ninguna facultad ni institución de enseñanza puede colocarse por encima de la Constitución ni de las leyes de la República. ¿Para qué se va a crear un órgano electoral si cada quién va a decir que tiene la suficiente autonomía y, dentro de eso asume, que tiene soberanía total para manejarse? Y eso está mal, una cosa es la reclamada autonomía que sí, tiene una competencia y una jurisdicción, pero otra es la posibilidad de que sean fiscalizados sus procesos electorales.

–Poniendo en la balanza la autonomía y, a un lado, la representación proporcional establecidas en la Carta Magna, ¿qué pesa más?

–Es una interpretación personal, como asesor te diría que no podemos pedir que otra gente haga lo que dice la Ley Electoral y que uno tome una actitud de una isla para decir: no, a mí esto no me compete. La Ley Electoral exige que cada organización partidaria, organizaciones civiles, organizaciones intermedias se tengan que someter a un proceso electoral que tiene que ser universal en el Paraguay. De lo contrario, estamos generando sociedad de primera y sociedad de segunda. Todos tenemos que ajustarnos a la Ley Electoral.

–Se sabe que siempre la UNA se manejó al margen de la legislación electoral y de la Constitución. ¿A qué atribuye esta situación?

–Creo que ellos, con el debido respeto que me tienen, quieren seguir una conducta que ya no corresponde. Creo que el aire de libertad y el aire democrático tienen que llegar a las universidades. Tanto los que tienen la responsabilidad de comandar las universidades como los educadores y los educandos tienen que entender que debe haber un proceso democrático, de responsabilidades compartidas. Ya no corresponde la dedocracia ni corresponde que uno tenga que ser candidato y al mismo tiempo tenga que estar en el Tribunal Electoral. Tiene que haber un tiempo de transparencia y en eso la Justicia Electoral puede ayudar muchísimo. Podemos achacarle muchas cosas a la Justicia Electoral, pero en este tiempo fue extraordinario el aporte en sostener procesos electorales donde nadie se quejó.

–Cuando dice que es momento que la democracia y la libertad lleguen a la UNA, ¿qué significa, que se maneja con un estamento que somete a otros?

–No, la democracia se tiene que vivir, no se reclama, la democracia es una vía dentro del marco de la ley. Y si en procesos electorales la ley dice que tiene que haber tribunales electorales, tiene que haber un periodo de candidaturas, de tachas y reclamos, de padrones limpios, de que uno no puede ser juez ni parte; finalmente se tiene que respetar eso. Hablamos de la composición de los consejos universitarios, lo que decimos es que se debe ajustar a la Ley Electoral.

–¿Qué desenlace les depara a las impugnaciones, en virtud a que invocan los mismos argumentos, de transgresiones a la Ley Electoral y la Constitución, teniendo en cuenta los precedentes?

–Te hablo en términos generales. La Justicia Electoral después tiene sus fiscales electorales y cada órgano es independiente; ellos toman las decisiones de acuerdo a los documentos y las denuncias. En términos generales, la UNA no puede justificar autonomía y pretender confundir eso con soberanía y colocarse por encima de la Constitución. Eso no corresponde.

–Hasta qué punto es válido invocar la autonomía cuando se trata del uso de fondos públicos...

–A veces la autonomía se mal interpreta. Cuando hay dinero público, en verdad, eso significa someterse a un sistema de transparencia; la Ley de Transparencia, la Ley de Acceso a la Información condicionan comportamientos a los que de a poco la gente se va a ir adaptando. A lo mejor todavía hay grupos que no quieren entender que estamos viviendo en una sociedad diferente. Creo que es cuestión de tiempo para que la gente entienda que hay cambios que deben darse para beneficio de la mayoría.

–Para recapitular: el reglamento de la UNA sigue al margen de la ley...

–El sistema electoral de la UNA no corresponde a los nuevos tiempos que se quieren vivir. Hay un Código Electoral, un solo órgano electoral. Eso como primera medida y primera instancia se tiene que respetar, a partir de ahí se pueden dar otros tipos de discusiones. Pero no se puede comparar el sistema electoral de la UNA con el de la Justicia Electoral. Esa simple comparación ya parece hueca e infantil.

–¿Por qué nunca se intervino la UNA?

–Nosotros no tenemos competencia para intervención. Organizamos elecciones y estamos viendo que el Ejecutivo le pida al Ministerio del Interior y después remita a Diputados; o sea, hay procesos. La Justicia Electoral acompaña, capacita, pero no tenemos esa atribución. Y, en términos de cuentas y de dinero público, están la Contraloría, la Fiscalía.