El magistrado Cezário Siqueira Neto, del Tribunal de Justicia del estado de Sergipe, mantuvo el bloqueo de WhatsApp en Brasil por considerar que, tal como lo sostiene el juez de primera instancia, la aplicación tiene posibilidades técnicas de recuperar los mensajes enviados por uno de sus usuarios.
La decisión que silencia la aplicación en Brasil, que afecta a cerca de 100 millones de usuarios, comenzó a ser aplicada a las 14.00 hora local (17.00 GMT) del lunes por las empresas Vivo, Claro, Tim, Oi y Nextel, todas las operadoras de telefonía móvil en Brasil.
El bloqueo fue ordenado por Marcel Maia Montalvão, un juez penal en Lagarto, una pequeña ciudad del estado de Sergipe (nordeste), ante una petición de la Policía Federal a la que WhatsApp se negó a facilitar los mensajes enviados desde esa aplicación por un acusado de narcotráfico y cuyo sigilo ya había sido levantado.
WhatsApp alega que colaboró hasta donde pudo con la Justicia pero que carece de condiciones para entregar los datos solicitados.
Esta es la segunda vez en la que Whatsapp es silenciado en Brasil por decisión judicial, ya que en diciembre pasado el servicio se quedó mudo unas doce horas por orden de un juez que quería acceso a mensajes de un usuario y no los obtuvo.
El magistrado del Tribunal de Sergipe negó la cautelar solicitada por WhatsApp para normalizar sus servicios por considerar que la aplicación tiene condiciones de cumplir la orden judicial.
“Hay que resaltar que la aplicación, incluso ante un problema de tal magnitud, que se arrastra desde el año pasado y que afecta a millones de usuarios, como él mismo alega, nunca se dispuso a enviar especialistas para discutir con el magistrado y la Policía sobre la viabilidad de la medida”, según la sentencia de segunda instancia.
El magistrado acusó a WhatsApp de “preferir la inercia, tal vez para causar el caos y, de esa forma, presionar a la Justicia a concordar con su voluntad de no someterse a la legislación brasileña”.
La decisión agrega que la aplicación no había alegado incapacidad técnica de ofrecer los datos para negarse a cumplir la orden judicial sino su supuesto “deber de resguardar el derecho a la privacidad de los usuarios de la aplicación”.
La propia Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel, regulador) considera que la medida es desproporcionada por sancionar a los 100 millones de brasileños que usan el servicio pero alega no poder hacer nada para derrumbarla.
A raíz de la misma investigación por narcotráfico, Montalvão ordenó en marzo pasado la detención preventiva del vicepresidente de Facebook en Latinoamérica, el argentino Diego Dzodan, ya que WhastApp es una aplicación de propiedad de esa empresa.
Dzodan fue liberado por orden de otro magistrado tras pernoctar en un centro de detención de Sao Paulo.
En diciembre pasado un juez de Sao Bernardo do Campo, en la región metropolitana de Sao Paulo, decretó el bloqueo de WhatsApp durante 48 horas por una investigación criminal que no fue revelada.
No obstante, a las 12 horas, otro magistrado restableció el servicio de mensajería al considerar “no razonable que millones de usuarios se vean afectados por la omisión de la empresa de proveer informaciones a la justicia”.
