“Nosotros ni le conocemos a ese diputado, las empresas que representamos son involucradas de una manera vil para cuestiones políticas de terceros”, expresó sobre el tema el abogado Guggiari.
Este explicó que el juicio de fijación de precio por expropiación se inicia ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del 5º turno de la jueza Julia Alfonso por parte de ambas empresas contra el Estado. Este juicio se rige por el procedimiento sumario, dijo.
Mientras, en el juzgado 9º turno, el Instituto del Indígena (Indi) inició un juicio de pago por consignación contra las empresas expropiadas. Posteriormente, se solicita lo que se consigna como acumulación del juicio.
estado. En esta instancia se resolvió el juicio sumario y ordenó el pago con costas a las dos empresas.
Ante esta situación, para el representante legal de ambas todo esto beneficia a los abogados del Estado, en este caso a la Procuraduría General, quien además pretende regular honorarios por trabajos no realizados.
“Nosotros estamos siendo víctimas de un sistema político, nuestra intensión siempre fue que la Justicia ponga los precios de las tierras”, manifestó Guggiari.
