El agente de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello, envió una carta a su homólogo costarricense, Sergio Ugalde, en la que afirma que la solicitud de Costa Rica por compensación de daños, por un valor de 6,7 millones de dólares, “no está justificada ni sustentada adecuadamente”.
El diplomático envió ese misiva en respuesta a una documentación remitida por Costa Rica sobre la valoración monetaria y los gastos incurridos por San José, en base a la sentencia emitida por la CIJ el 16 de diciembre de 2015.
Según Managua, un equipo de expertos concluyó que la mayoría de los rubros incluidos “no son objeto de compensación”, de acuerdo con el fallo de la CIJ, “por no derivarse estos directamente de las actividades realizadas por Nicaragua en la zona en disputa”.
“Dichos rubros carecen del nexo causal necesario con los daños materiales causados por Nicaragua que fueron comprobados por la Corte”, señaló Argüello.
Entre esos rubros identificaron, entre otros, las operaciones de la Fuerza de Seguridad Pública y la Policía de Fronteras relacionados al ejercicio de sus tareas ordinarias y cotidianas de resguardo del territorio costarricense.
También las tareas ordinarias y cotidianas del personal del Área de Conservación Tortuguero para la protección de humedales en general.
Según Nicaragua, ese mismo criterio aplica a los salarios de la fuerza publica, guarda costas o cualquier oficina gubernamental, al igual que a las construcciones de puestos policiales en zonas lejanas al territorio que la CIJ definió como costarricense.
“El equipo de expertos de Nicaragua también considera que los valores que Costa Rica asigna a una serie de rubros son exagerados y desproporcionados”, anotó el agente nicaragüense.
“Costa Rica tampoco ha proporcionado recibos o facturas que permitan corroborar el monto de ninguno de los rubros que reclama”, continuó Argüello.
Además, los expertos de Nicaragua concluyeron que el cálculo de daño ambiental, según el reporte de la Fundación Neotrópica de Costa Rica, asigna valores monetarios a los servicios ecológicos sin mostrar que los valores son los adecuados.
“Por lo tanto, Nicaragua concluye que la valoración de los daños materiales presentada por Costa Rica no está justificada ni sustentada adecuadamente”, sostuvo.
Por esta razón, agregó el diplomático, Nicaragua pide a Costa Rica revise su solicitud de compensación original y envíe un nuevo cálculo de los daños materiales reclamados.
También adjuntar en ese nuevo reporte la totalidad de documentos que sustenten su posición.
La semana pasada, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dijo que Nicaragua debe pagar una indemnización por los daños ambientales causados a Isla Portillos, como lo ordenó la CIJ, o será ese tribunal el que fijará el monto y la forma de pago.
El pasado 6 de junio, Costa Rica solicitó formalmente ante la CIJ una indemnización de 6,7 millones de dólares por los daños ambientales causados por Nicaragua a la costarricense Isla Portillos (fluvial) y comprobados en una sentencia de la CIJ de 2015.
Nicaragua tiene plazo hasta el 16 de diciembre para responder la petición de Costa Rica.
La CIJ emitió en diciembre de 2015 un fallo en el que dio la razón a Costa Rica en sus litigios fronterizos con Nicaragua al reconocer la soberanía costarricense sobre Isla Portillos, y determinó que Nicaragua violó el territorio del vecino país con presencia militar en la zona.
La sentencia es sobre la demanda interpuesta por Costa Rica en 2010 acerca de una supuesta invasión militar y daños ambientales a una porción de su territorio protegido, y otra de Nicaragua contra su vecino, de 2011, por aparentes daños ambientales al nicaragüense río San Juan durante la construcción de un camino de lastre.
