Reuters
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron el año pasado un acuerdo de paz para acabar un conflicto interno de más de medio siglo que dejó unos 220.000 muertos.
Con base en el acuerdo, más de 11.300 integrantes de las FARC entre combatientes, auxiliadores y presos están en proceso de reincorporación a la sociedad, después que el grupo entregó las armas a las Naciones Unidas y conformó un partido político.
Pero algunos de los que integraban las filas rebeldes no se sumaron al proceso. Las Fuerzas Militares calculan que entre 400 y 1.000 excombatientes de las FARC se apartaron del acuerdo formando disidencias.
“Creo que el combustible del narcotráfico y los cultivos ilícitos es la más importante amenaza”, dijo en una entrevista con Reuters el alto comisionado para la paz colombiano, Rodrigo Rivera.
“Mientras ese elemento exista, es como la miel que atrae las abejas, están rondando y se están creando, se están generando nuevas dinámicas criminales organizadas en territorios en donde ya no están las FARC”, agregó en su oficina dentro del palacio presidencial.
Las zonas que abandonaron las FARC están siendo ocupadas por los disidentes y por bandas criminales que se oponen a la erradicación de cultivos de hoja de coca, materia prima de la cocaína y que ofrece a los ex guerrilleros ingresos mayores a los auxilios para su reintegración, según fuentes de seguridad.
Rivera reconoció que las disidencias de la guerrilla y las bandas criminales generan peligros para la seguridad de los reincorporados, las comunidades y “riesgos de atracción y cantos de sirena que no deberían escuchar”.
FALLO GARANTIZA ACUERDO DE PAZ
Al menos siete campesinos que protestaban contra la erradicación de cultivos de hoja de coca en una zona selvática del suroeste de Colombia murieron la semana pasada en un confuso enfrentamiento armado.
Mientras el Ministerio de Defensa acusó a disidencias de las FARC de fomentar esa protesta para evitar la erradicación de los cocales, los campesinos señalan a la policía de la masacre.
Colombia es uno de los mayores productores mundiales de cocaína, actividad ilegal en la que están implicados grupos de narcotraficantes, bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de ultraderecha, así como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.
Estados Unidos expresó su preocupación por el aumento de los cultivos de coca en Colombia, que al cierre del 2016 llegaron a 188.000 hectáreas, y la capacidad para producir cocaína se disparó a los mayores niveles en al menos una década.
El Gobierno de Colombia lanzó una estrategia para erradicar 50.000 hectáreas de hoja de coca y un plan para que campesinos arranquen voluntariamente otras 50.000 y las remplacen por cultivos legales como cacao, café y frutas.
Un reciente fallo de la Corte Constitucional obliga a los próximos tres gobiernos a cumplir el acuerdo de paz con las FARC para garantizar que perdure en el tiempo, en momentos en que la oposición política amenaza con desconocerlo o modificarlo.
“Ya es cosa juzgada (...) pueden haber controversias, diferencias, propuestas diferentes, pero no hay cabida para propuestas de hacer trizas, de derogar, de incumplir los acuerdos”, afirmó Rivera.
