Cuatro pistoleros le tendieron una emboscada al candidato a la Alcaldía de Japerí André Luis de Oliveira Cristino cuando regresaba a casa de madrugada y el político, que es también policía, salvó su vida gracias al blindaje de su automóvil y a que respondió a tiros, hiriendo a dos de sus atacantes.
El caso muestra que está muy viva la violencia política que ha sido común desde hace décadas en la Baixada Fluminense, región populosa y pobre colindante a Río, y que se ha recrudecido por las disputas entre narcos y mafias integradas por policías corruptos conocidas como “milicias”, que también luchan por el poder, según especialistas consultados por Efe.
El alto número de homicidios y atentados con posible motivación política convirtió a la Baixada Fluminense en una de las zonas de Brasil que más preocupa a las autoridades electorales.
El Ministerio de Defensa, a pedido del Tribunal Superior Electoral (TSE), autorizó esta semana el envío de militares a la región para garantizar la seguridad durante la votación.
“La fatal mezcla de narcotraficantes, milicianos, violencia política y clientelismo provocó una simbiosis en la Baixada Fluminense, región que tiene una historia de 50 años en que la política se ha confundido con violencia”, dijo a Efe el especialista en seguridad pública Newton de Oliveira, profesor de la Facultad Presbiteriana Mackenzie Río.
“De los candidatos a concejal asesinados en los últimos meses, doce están vinculados a las milicias. Fueron milicianos matando milicianos por el control de los grupos criminales y por el poder político en la región”, dijo el sociólogo José Claudio Souza Alves, autor del libro “De los barones al exterminio: una historia de violencia en la Baixada Fluminense”.
La región reúne a ocho municipios del área metropolitana de Río de Janeiro, con poco más de tres millones de habitantes, en los que se asentó gran parte de los cientos de miles de inmigrantes que llegaron a la entonces capital brasileña a mediados del siglo XX.
Como consecuencia de su rápida ocupación, la región creció sin orden, con numerosos problemas sociales, con poca presencia del Estado, altos índices de violencia y bajo el control de “coroneles” (caciques) que vivían del clientelismo e imponían su poder a la fuerza con la ayuda de los llamados grupos de exterminio.
El caso más famoso de estos “coroneles” es el del diputado Tenorio Cavalcante, conocido como el “diputado pistolero”, que entre 1930 y 1960 controló el municipio de Duque de Caxias con mano de hierro y era conocido por vestir una capa negra bajo la que escondía su ametralladora.
Hasta hace dos décadas los principales responsable por la violencia en la región eran los grupos de exterminio, integrados por policías y que recibían dinero de comerciantes, políticos y pequeños empresarios para ejecutar a delincuentes, niños de la calle y personas indeseables.
Uno de estos grupos fue responsable de la considerada mayor matanza urbana en la historia de Brasil, ocurrida el 31 de marzo de 2005 y perpetrada por policías que, a bordo de automóviles, dispararon indiscriminadamente contra quienes encontraron a su paso en un recorrido entre los municipios de Nova Iguaçu y Queimados.
“Pero con la implantación a partir de 2008 del programa de seguridad que expulsó a los narcotraficantes de las principales favelas de Río de Janeiro hubo una migración de estos grupos armados hacia la Baixada Fluminense”, explicó Newton de Oliveira.
Detrás de los narcotraficantes aparecieron las “milicias”, como son conocidos los grupos formados por policías corruptos, surgidos con el objetivo de combatir ilegalmente el tráfico de drogas, pero que han pasado a controlar a la fuerza barriadas donde cobran tasas de seguridad y monopolizan servicios como transporte, gas, agua y televisión pirata.
Narcotraficantes y milicianos empezaron a postular candidatos propios a las elecciones municipales y sobornaron a otros políticos para buscar cobertura legal para sus negocios.
“Tenemos noticias de que en esa región el sistema paralegal, paramilitar ha tenido participación activa en el proceso electoral. Nos preocupa que el crimen organizado participe en la financiación de las elecciones y nos preocupa que se organice políticamente”, admitió recientemente el presidente del TSE, Gilmar Mendes.
No obstante, según Newton de Oliveira, muchos de los asesinatos de candidatos “son ajustes de cuentas entre grupos criminales” y son “fruto de una disputa por negocios ilegales”.
Las sospechas de los especialistas fueron confirmadas en una operación realizada por la Policía a comienzos de septiembre para detener a doce acusados de los catorce asesinatos ocurridos desde noviembre pasado.
El comisario Giniton Lages, responsable del caso, concluyó que solo había indicios de motivación política en dos de los crímenes y que al menos cuatro de los asesinatos están relacionados con disputas por el control de los grupos dedicados al robo de combustible en una refinería de la zona.
Carlos A. Moreno
