El asesinato del colega periodista, Pablo Medina, representa un punto de inflexión. Con las derivaciones de su muerte, nos hallamos en el momento exacto en que como sociedad estamos obligados a no seguir haciendo oídos sordos, y a asumir que superamos la etapa de los viejos caudillos políticos que “reinaban” en los pueblos. Hace tiempo que ingresamos a la de los narcopolíticos.
El tiempo de los personajes de dudosa hoja de vida que –utilizando la plataforma de los partidos, los que a su vez aprovechan los recursos económicos que estos ponen a disposición– consiguen fácilmente los votos y llegan, gracias al dinero del narcotráfico, a inficionar los poderes del Estado.
Así concretan el blindaje para realizar con total impunidad sus actividades ilícitas.
Esta realidad hace tiempo forma parte del Paraguay. Periodistas como Pablo Medina y varios otros de las zonas fronterizas y de los departamentos abandonados a su suerte por los sucesivos gobiernos que hemos tenido en los últimos años, se encargan de enseñarnos cada tanto con sus informes.
Ellos desnudan con frecuencia esas regiones y nos muestran los verdaderos poderes que imperan por allí.
Por eso no sorprenden las conexiones, protecciones y padrinazgos que hoy estamos visualizando mejor, a partir del atentado criminal que costó la vida a Pablo y a su acompañante, la joven Antonia Maribel Almada, en Curuguaty, en el Departamento de Canindeyú. Por eso no sorprende que el propio gobernador de Canindeyú convoque a los intendentes de la región a manifestarse a favor de la diputada regional Cristina Villalba.
Los pobladores de Curuguaty identifican plenamente a quienes están en el negocio del narcotráfico, por lo que es absurdo pensar que el gobernador, la diputada que representa a la zona y los intendentes locales ignoren cuáles son las actividades ilegales que están trayendo “prosperidad económica” a sus pobladores.
El dinero del narcotráfico es voluminoso. Alcanza para pagar silencios, mantener inmóviles a policías; coimear a fiscales y hasta comprar sentencias.
También para costear mejoras en la comunidad y ayudar a los más necesitados; construir capillas, pistas clandestinas de aterrizaje, aulas y túneles para depósitos de panes de marihuana. Comprar las mejores armas, vehículos blindados y bancas en el Congreso. Todo lo pervierte.
¿No lo están viendo desde el Gobierno en Canindeyú, Pedro Juan, Alto Paraná, etc.?
¿Cuántos periodistas más tienen que morir como Pablo, para que se tomen en serio este grave retroceso? Si no se quiere un país dominado por la narcopolítica, esta es la ocasión para asumir y atacar el problema.
