Esta agrupación, que nuclea a un centenar de centros escolares privados y privados subvencionados, apunta a que son enormes las dificultades a la hora de saldar estos pagos con los padres o tutores.
Según el director, Éver Cardozo, vicepresidente de la asociación, actualmente instan a que no se tomen medidas que afecten a los estudiantes. Es que está vigente la Ley Nº 5738 aprobada el año pasado que garantiza el derecho a la educación de los niños.
La normativa prohíbe una serie de medidas como la retención de libretas de calificaciones, hacer público el estado de cuentas de las familias o denegar el acceso a pruebas parciales o finales por deudas de las familias.
En contrapartida, establece que los colegios puedan vetar al inicio del curso lectivo la inscripción de alumnos cuyos padres adeudan por cuotas del año anterior.
Alternativas. Una de las opciones para evitar las moras es la firma de pagarés por parte de los padres, sostuvo el directivo de la Asiec, Éver Cardozo.
Esta exigencia ya fue anunciada el año pasado por el gremio, pero no todos llegaron a aplicarla, dijo.
“Entre el 30 y el 40% se dan las moras en este primer semestre. La nueva ley afecta más a los colegios más chicos”, aseguró el representante de colegios privados de confesión católica.
Explicó que los subvencionados deben encargarse de la infraestructura y de parte de los salarios de los maestros. “Las subvenciones estatales solo cubren el 40% del plantel docente”, indicó.
Cardozo es director del colegio subvencionado San Pedro y San Pablo del barrio Republicano de la capital.
Falta. La normativa fue aprobada a finales del año pasado, pero aún no cuenta con reglamentación, por lo que se hace difícil aplicar sanciones a aquellos colegios que no cumplan con las reglas.
De todos modos, los colegios tienen prohibido afectar el derecho a educarse de los niños. “Hay diferentes formas de notificar a los padres en lugar de poner en riesgo los derechos de los alumnos”, agregó la directora general de Niñez del Ministerio, Sonia Escauriza.
La reglamentación de la ley está pendiente desde el año pasado y debe darse a través de una resolución ministerial.
