“Me parece un acto desesperado seguir adelante con un proceso que, desde su inicio, estuvo viciado de irregularidades, la responsabilidad de haber permitido que todas las empresas hayan sido manoseadas y poner en duda la credibilidad de la ley APP es totalmente responsabilidad de los funcionarios del MOPC”, aseveró el parlamentario.
Resaltó que el pedido de reconsideración de la cartera al dictamen de la Contraloría es “lamentable”, ya que “se jactan de la transparencia, pero cuando la institución, cuyo uno propósito es velar por la misma y dictamina que dicha licitación carece de transparencia; aun así se empeñan a seguir adelante, solo un interés muy grande puede con eso”, aseveró Oviedo.
Respecto al comunicado de la española Sacyr, dijo que “es, sin dudas, incentivado por dichas autoridades, utilizando una vez más a terceros para eludir sus responsabilidades y después, cuando las papas quemen, abandonarlos a su suerte, práctica muy común de este gobierno”, aseveró.
Sacyr salió al paso del dictamen de la Contraloría y expresó en un comunicado de prensa que lamenta que el proceso se vea obstaculizado “por el pedido de sujetos sin competencia para entender en el asunto, lo que le da al dictamen de Contraloría un vicio de origen”.
Vanaglorió además todo el proceso y a los funcionarios, porque “han seguido todos y cada uno de los pasos administrativos marcados en la Ley”. Resaltó que “una resolución en contrario, le aplicaría una herida mortal: Alertaría al mundo inversor sobre la inseguridad jurídica de Paraguay, pondría en peligro la financiación de otros proyectos en el país y eliminaría la competencia en los negocios”.