A través de un comunicado, el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) salió ayer a advertir que el Gobierno tiene proyectos relevantes que demandan más de 2.000 millones de dólares de inversión que corren el riesgo de fracasar a raíz de la modificación introducida por el Senado, en su sesión del jueves pasado, a la ley de Alianza Público-Privada (APP). La modificación aprobada por el Senado cercena la facultad del presidente Horacio Cartes para otorgar concesiones al capital privado y concede al Legislativo el poder de aprobar o no cada proyecto de inversión.
“El innecesario cambio propuesto, que obedece más a cuestiones políticas y/o ideológicas y no a aspectos jurídicos, producirá la eliminación de hecho de todo el programa APP, poniendo de esta manera en grave peligro la real posibilidad de que Paraguay, de una vez por todas, cuente con las obras de infraestructura que son necesarias para su desarrollo”, expresa el MOPC, que es la principal administración contratante en los proyectos impulsados vía APP.
Injerencia política “Una modificación temprana de esta ley, que incorpora un fuerte componente de decisiones basadas en discusiones políticas, tanto para la modificación de la ley como para la aprobación de cada proyecto, proyecta imprevisibilidad jurídica en Paraguay”, agrega y sostiene: “Si queremos ser un país serio no se puede cambiar las reglas del juego a los inversionistas en la mitad de un proceso”.
La modificiación de la Ley de APP, principal herramienta jurídica el Gobierno para desarrollar obras de infraestructura, se dio mediante al voto de 29 senadores colorados disidentes y opositores.
“Un retroceso en la Ley de APP implicará potencialmente el riesgo de caída de nuestra nota soberana, con su consiguiente impacto en el incremento del costo de financiamiento al que podría acceder el país, dañando significativamente la buena imagen internacional que estamos proyectando”, manifiesta el MOPC, cuyo ministro, Ramón Jiménez Gaona, es uno de los defensores de la ley.
“La necesidad de aprobación del Congreso para cada proyecto ahuyenta la iniciativa. En los países en donde se tiene éxito con leyes de APP, no se requieren de la aprobación de su Congreso para llevar a cabo sus proyectos”, agrega.
“La Ley de APP permite, por un lado, que el sector privado invierta el capital en proyectos que son rentables y necesarios para el país y que no caben dentro de su presupuesto y, por el otro, da mayor margen al Estado para atender y realizar las inversiones requeridas en el área social”, afirma el ministerio. “Renombradas calificadoras de riesgo como Moody´s, Stándar & Poor’s y Fitch han venido mejorando la calificación de riesgo soberana de Paraguay, teniendo como elemento clave de ponderación nuestra actual Ley de APP”, afirma.
