El proyecto de mejoramiento de las dos vías nacionales se encuentra en proceso de evaluación de las ofertas económicas y financieras, cuyo único oferente es el consorcio integrado por Sacyr (España), Mota Engil (Portugal) y Ocho A (Paraguay). Se adjudicará o rechazará la oferta este mes.
En cuanto a la licitación del catastro, para identificar y liberar las afectaciones de la duplicación, se presentaron seis oferentes (ver infografía). En este sentido, la oferta más barata presentó el Consorcio Icatecsi por un monto de G. 10.285 millones, mientras que la más cara presentó el Consorcio ACI y Asociados por G. 13.052 millones.
De acuerdo al precatastro, que se encuentra en el estudio de factibilidad del proyecto de duplicación de las rutas 2 y 7, en total se tienen 1.853 afectaciones que deben ser liberadas para iniciar las obras, para lo cual el estado debe realizar una inversión de USD 80 millones antes de iniciar las obras.
OFERTA DE LA DUPLICACIÓN. Llamativamente, el único consorcio que se presentó para la duplicación de las rutas 2 y 7, ofertó el costo máximo que estipuló el MOPC en el pliego de bases y condiciones, para la ejecución del mencionado proyecto.
En este sentido, la cartera estatal puso un tope máximo de las ofertas económicas y financieras, que las empresas no podían sobrepasar, de acuerdo al documento del llamado. En este sentido, para los pagos diferidos de inversión de manera semestral (la inversión por las obras propiamente dicha), el MOPC puso un máximo de USD 24.742.851 y para los pagos por disponibilidad al año (mantenimiento de la ruta) G. 132.084 millones. Ambos montos no incluyen el IVA.
Sin embargo, el consorcio liderado por Sacyr, al no tener competidores, presentó los mismos montos que puso como tope máximo el MOPC; es decir, lo más caro que se pudo a sabiendas que serían los únicos oferentes.
Ambos pagos mencionados se realizarán una vez que se concluya la infraestructura, y el monto saldrá del fideicomiso que se creará para el efecto, donde se depositará toda la recaudación del peaje.
Al mismo tiempo, la obra no se costeará en un 100% de la recaudación de los puestos del peaje, por lo que el Estado deberá aportar lo que falta a lo largo del contrato (30 años), que implica un 36% de las inversiones.
Según los cálculos, con la APP de las rutas 2 y 7 la empresa –si gana la licitación– recibirá más de USD 1.500 millones, durante los 30 años de la concesión; es decir, más del triple de lo que invertirá.
