“Tras recorrer unas 3.000 manzanas viendo cuáles podrían estar visiblemente abandonadas (...) calculamos unos 450 padrones, que geográficamente se corresponderían con una superficie de 20 manzanas”, dijo a Efe la integrante del grupo interinstitucional de fincas abandonadas de la Defensoría, Elena Goiriena.
Hasta el momento se han examinado tres distritos céntricos de la capital, los denominados B,C y CH, y aunque no se puede constatar el abandono, los técnicos de la Defensoría se basan en criterios de cuidado de estructura y de no usurpación que resulten evidentes a la vista, con lo que la cifra, estiman, es seguramente mayor.
Desde la organización se busca que las viviendas sean “viables jurídicamente, que sean del Estado” y que “la finca intervenida quede en carteras para vivienda social”, precisó Goiriena.
Es por ello que recientemente en un encuentro celebrado por la Intendencia de Montevideo se propuso legislar sobre el aprovechamiento social de estas fincas, puesto que muchas de ellas se encuentran en situación de ocupación por parte de familias sin recursos.
“La ocupación es un acto ilegal (...) pero el problema no es la ocupación, sino cuando la ocupación es colectiva y es conflictiva y de alguna forma es copada por redes delictivas que tampoco permite que los primeros ocupantes ejerzan su derecho a la vivienda que fue por eso por lo que ocuparon”, declaró Goiriena a la radio uruguaya.
“Se genera un problema habitacional, pero genera un problema relacional en el entorno, genera un problema de salubridad y a la vez genera que son espacios que podrían tener viviendas productivamente sólidas, o cumpliendo su función social de vivienda que no están siendo aprovechadas”, añadió.
A juicio de la experta, la ocupación ilegal lo que demuestra es el déficit habitacional de la ciudad, que además de desgaste de las edificaciones puede generar situaciones conflictivas.
Esto no solo perjudica a los habitantes de la ciudad sino que también desplaza a esas familias sin recursos hacia la periferia, lo que expande la ciudad e implica mayor inversión de recursos municipales.
“Se van generando nuevos barrios en la periferia de Montevideo a donde tú tienes que llevar el transporte, los taxis, el saneamiento, la luz, las escuelas, cuando tenemos en las centralidades oportunidades a recuperar”, especificó.
El problema surge para la entidad porque aún no está definido el concepto de “abandono” jurídicamente, aunque se está trabajando por parte de la organización en dar una definición formal para facilitar la regulación.
La Defensoría del vecino comenzó su trabajo en la materia en el año 2009 a partir de reclamos de salubridad y seguridad en viviendas abandonadas ocupadas.
Según explicó a Efe Goiriena, una vez el equipo comenzó a profundizar en las denuncias y observaron las características de cada caso, comenzaron a tener que contactar con las distintas autoridades, locales y nacionales.
“La salubridad pública la tratábamos con la Intendencia; la seguridad con el Ministerio de Interior. En el caso de que hubiera menores no realojados ahí ya el contacto es con el Instituto del Menor”, dijo la asesora social.
Actualmente, y con los medios disponibles la Defensoría es capaz de resolver aproximadamente un caso al año algo que no consideran suficiente, y por lo que piden una mayor implicación para que se “focalice” el trabajo.
Concretamente, la organización ya ha tenido éxito en el modelo de expropiación y realojo que proponen y que a su juicio demuestra que se trabaja con una “metodología probada”.
