Lo que a primera vista parece ser una deuda por combustible de G. 7.000 millones saltó, entre otros datos, en el resultado de la auditoría interna realizada por la Policía Nacional y anunciado ayer por el nuevo comandante, comisario Críspulo Sotelo.
Luego de una reunión que mantuvieron con el presidente Horacio Cartes, el comandante y el ministro del Interior, Francisco De Vargas, en una conferencia de prensa se dieron detalles de las investigaciones del escándalo por el negociado con tarjetas de cargas de combustible proveídas por Petropar. Son 186 tarjetas para uso ilimitado que fueron secuestradas y distribuidas a más de 50 playeros de diferentes estaciones de servicios.
De Vargas admitió que las auditorías que se están realizando dentro de la institución policial están arrojando datos preliminares que evidencian manejos irregulares en la adquisición de combustible para patrulleras.
Sotelo había hablado del millonario faltante en la Policía. Sin embargo, De Vargas puntualizó la expresión, revelando que la Policía Nacional adeuda alrededor de 7.000 millones de guaraníes por provisión de combustible a un emblema. “No utilizaría el término faltante; son datos preliminares. La auditoría está lejos de terminar. Son obligaciones en que habría incurrido la Policía por provisión de combustible que no tendrían respaldo contractual o, por lo menos, no se está encontrando”, manifestó el ministro, refiriéndose a la compra de combustible, aparentemente, sin contrato. De Vargas explicó que generalmente se adjudica la provisión por un año o seis meses y cuando se termina el contrato no se anticipa establecer uno nuevo. Entonces, se pide continuar con la provisión de manera irregular, hasta que salga una nueva adjudicación. “No sabemos si se trata de hecho punible o irregularidad administrativa. Al menos es una falta de planificación”, agregó el secretario de Estado.
Frustrado. Francisco De Vargas admitió que se siente frustrado, luego del escándalo que sacó a la luz la corrupción reinante en la administración de la Policía.
“Estoy, en cierta medida, defraudado de ciertas situaciones. Esperemos que la Fiscalía siga haciendo bien su trabajo y se llegue a esclarecer el hecho”, declaró el ministro, que utilizó el término “kachiãi” para describir a la forma en que se estaba administrando la institución policial.
“Se ha encontrado una absoluta orfandad de procesos; no es siquiera irregularidad. Muchas cosas van a saltar a la luz pública”, avisó.
El secretario de Estado aseguró que toda la institución policial está bajo sospecha en este momento y que las investigaciones se harán en todos los frentes, hasta limpiar la institución de los manejos irregulares. “No queremos apañar hechos punibles o que haya situaciones que queden sin ser investigadas”, insistió.
