Indicó que en el proyecto de Presupuesto 2017 se incluyó –en el articulado– que estas gratificaciones solo podrán ser abonadas tras una evaluación de desempeño individual con criterios cuantificables.
El ministro de Hacienda participó ayer de un almuerzo organizado por el Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco), sobre “Educación y políticas sociales en el escenario del Presupuesto General de la Nación”, en el Hotel Cecilia. Además de los miembros de esta organización, estuvieron presentes representantes del Ministerio de Educación y de sindicatos de docentes.
“Hemos alineado esos premios en función al rendimiento de los funcionarios. No es perfecto, pero está en línea de lo que queremos hacer”, expresó.
Explicó que algunos estatales perciben una asignación mensual por encima de lo que se abona en el sector privado, pero que una parte importante de funcionarios que se capacitaron ganan por debajo de lo que paga el mercado privado. “Tenemos que entender que en la política salarial no podemos tomar actitudes populistas, porque pierden el sector público y la ciudadanía”, apuntó Peña.
Solamente en el primer semestre de este año, el Estado destinó alrededor de USD 3 millones al pago del “aguinaldo extra” o gratificación. Uno de los docentes cuestionó que mientras funcionarios de Hacienda cobran tres aguinaldos, los docentes no tienen siquiera bonificación familiar.
TRES AGUINALDOS. El proyecto de Presupuesto 2017 contempla que los organismos y entidades del Estado no podrán asignar más de dos gratificaciones anuales al personal por servicios o labores realizadas, a mejor o mayor producción o resultados de la gestión administrativa y financiera u otros indicadores de gestión institucional. Los mismos no serán superiores al equivalente a un mes de sueldo, y se asignarán conforme a las disponibilidades de créditos presupuestarios y al resultado de una evaluación de desempeño individual con criterios cuantificables.
Peña Palacios presentó a grandes rasgos el proyecto de Presupuesto 2017, brindando algunos detalles sobre lo destinado a educación. Manifestó que el ministro Enrique Riera debería preocuparse por la educación y no por el estado de la infraestructura y señaló que lo ideal sería que tanto la construcción y reparación de escuelas y hospitales pasen a depender del Ministerio de Obras Públicas y ya no de Educación y Salud.
El ministro volvió a insistir en que el Gobierno no planteará una reforma impositiva de aquí hasta el año 2018, y que seguirán trabajando en mejorar los controles para incrementar la recaudación. También aprovechó para llamar la atención sobre el hecho de que desde hace un año la Contraloría tiene un responsable interino; y que la Defensoría del Pueblo tiene mandato vencido desde hace siete años, y que se necesita fortalecer controles para mejorar la calidad del gasto.